Las principales entidades que representan a los afectados que sufrieron abusos sexuales por clérigos en la infancia recriminan a los obispos que faltaran a su promesa de incluirlos en la toma de decisiones en el plan de reparación
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Julio Núñez, El País, 4 de junio de 2024
Las principales asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia han puesto punto y final a su relación con la Conferencia Episcopal Española (CEE) después de que esta las excluyera de la comisión que está elaborando el plan integral de reparación. “No podemos considerar como asumible la postura de inamovilidad en la que se sigue enrocando la Iglesia española, mientras siga considerando que la única cesión deba proceder de la parte de los supervivientes de sus ataques”, se lee en un comunicado difundido este martes por las tres principales agrupaciones de afectados: Asociación Nacional de Infancia Robada, Asociación de Víctimas de Navarra y Lulacris.
Esta respuesta se produce cuatro días después de la vista de la cúpula de la CEE al papa Francisco en el Vaticano, donde trataron, entre otros temas, la gestión de los obispos del escándalo de los abusos. Tras 40 minutos de encuentro, el presidente de la Conferencia, el arzobispo Luis Argüello, anunció ante los medios que “en las próximas semanas” presentarán su plan de reparación a las víctimas para que esté en funcionamiento este verano. La noticia ha pillado por sorpresa a las víctimas de abusos, ya que el pasado marzo Argüello se reunió con ellas y les prometió crear una agenda de trabajo conjunta para tratar cuestiones como el pago de indemnizaciones y la renovación de los sistema de protección y prevención. “A juzgar por las declaraciones vertidas por el presidente de la CEE, nos encontramos, una vez más, con promesas incumplidas”, dice la nota de prensa publicada este martes.
La nota llega también varios días después de que EL PAÍS publicase su quinto informe de casos de pederastia en la Iglesia española elaborado por EL PAÍS dentro de su investigación de los abusos de menores en la Iglesia católica española, presentado al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que los registre e investigue, tal y como marca el derecho canónico, en el que constan 79 testimonios de abusos sexuales contra 87 acusados y 110 víctimas. Con estos números, el número de acusados por abusos en el clero sobrepasa los 1.500 en España. Preguntado por esto a las puertas del Vaticano, Argüello indicó que no quieren “entrar en cuestiones de número, porque cada rostro es importante”. “Invitamos a los responsables políticos y a la sociedad española a que, en los diversos campos en los que se producen abusos, puedan abordarse”, añadió.
La exclusión de las víctimas en la toma de decisiones en el plan de reparación no es lo único que ha provocado la ruptura. Hace unas semanas, EL PAÍS informó de que la CEE publicó por error datos confidenciales de 45 víctimas de pederastia en su web durante 18 días y, tras conocer el fallo, ni comunicó lo sucedido a las víctimas ni a las autoridades competentes. La identidad de los afectados, sus testimonios y la descripción de sus secuelas estuvo en internet durante cuatro meses, lo que ha llevado a la Agencia de Protección de Datos a abrir una investigación a los obispos por lo sucedido. ANIR pidió entonces “ceses inmediatos de las personas con nombre y apellidos, que han sido actores principales y secundarios en la comisión”, pero la CEE ni siquiera publicó un comunicado pidiendo perdón por el error.
A esto se le suma la polémica publicación de Para dar luz el pasado diciembre, el informe elaborador por los obispos sobre el escándalo de la pederastia, donde rebajaban el número de denuncias a 806 —en aquel momento la contabilidad sobrepasaba los 1.300 casos— y consideraba que la mayoría no eran creíbles. Los obispos presentaron este estudio, de unas mil páginas, un día después de recibir la auditoría que ellos mismos habían encargado sobre el mismo tema al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, un documento mucho más crítico con la Iglesia. Varias fuentes episcopales y de grandes órdenes religiosas afirman que Para dar luz fue una estrategia para hacer sombra a los resultados de la auditoría. En síntesis, la Iglesia española apenas se cree dos de cada 10 casos conocidos, que según la base pública de datos de EL PAÍS, la única existente, en este momento ascienden a 1.532 acusados y al menos 2.735 víctimas.
Las víctimas también aluden al polémico informe Para dar luz en su nota: “En todos esto años de silencio, encubrimiento, persecución y a veces complicidad durante el que la Iglesia ha preferido defender a los pederastas y no a las víctimas, en dónde hemos tenido que tragar con ruedas de molino, incluso presenciando informes objetivamente tramposos y minimizadores”.
Las asociaciones concluyen su comunicado con una dura crítica a las oficinas de atención de víctimas abiertas por la Iglesia desde 2019 y cómo los obispos, en cada uno de sus discursos, aseguran que estas han sido un pilar fundamental a la hora de acoger y atender a los afectados. Ciertamente, en muchos casos investigados por este periódico, estas delegaciones niegan información de los procesos a las víctimas, no las reparan e incluso las obligan a firmar acuerdos amenazantes de confidencialidad. “El tiempo y los testimonios de numerosas víctimas y supervivientes han demostrado que la gran mayoría de esas oficinas no solo no han servido de nada, sino que han resultado nefastas y revictimizadoras”, dicen estas tres entidades, y añaden: “Aquel trabajo se hizo mal, con una urgencia indebida para cumplir el expediente, incluyendo en muchos casos personal no versado en estos temas, lo cual ha acarreado el descontento casi global de las víctimas atendidas”.
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Texto Comunicado
Fuente: Religión Digital
ANIR — Asociación Nacional Infancia Robada, AVA – Asociación Víctimas de Navarra; LULACRIS — Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia
A través de este escrito quisiéramos trasladarles nuestro malestar tras las declaraciones incendiarias realizadas por Monseñor Argüello después de la visita de la presidencia de la CEE
De inicio mostramos nuestra perplejidad por cuanto durante nuestra última reunión en la CEE, presidida por Monseñor Argüello, éste manifestó su compromiso, a solicitud nuestra, de que las víctimas estarían presentes en la toma de decisión durante el planteamiento inicial y el desarrollo de un plan de reconocimiento, reparación e indemnización económica. Así mismo, existió consenso tanto por parte de la Conferencia Episcopal como con los miembros de la CONFER, en una agenda de trabajo con fechas concretas, objetivos de partida concretos y trato individualizado de las víctimas. A juzgar por las declaraciones vertidas por el presidente de la CEE, nos encontramos, una vez más, con promesas incumplidas.
Seguimos sin entender que a estas alturas, desde la máxima autoridad de la Iglesia en España se siga sacando pecho de todo lo que han hecho respecto a la prevención y provención de las víctimas de pederastia. En esa dirección, lo realizado hasta el presente no solamente es terriblemente insuficiente, sino que además ofrece un carácter minimalista, cuando no de absoluta nulidad. Es el criterio de las víctimas de nuestras asociaciones.
Es del todo improcedente que Monseñor Argüello invite a los poderes públicos a ocuparse de las víctimas de todos los ámbitos de la sociedad, en lo que consideramos no sólo una absurda excusa cogida por muy frágiles hilos, sino también una falta de respeto, una más, a todas las víctimas y supervivientes. Porque antes de realizar esa invitación, la iglesia tiene el deber humanitario y cristiano de ocuparse de sus propias víctimas, de reconocerlas, repararlas e indemnizarlas. No somos sospechosos, las tres asociaciones que firmamos este comunicado de haber realizado distingos en el trato y la cercanía con todas las víctimas de violencia sexual, de todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad, intrafamiliar, deportivo, boy scouts, incluyendo también casos de violencia vicaria. Nos gustaría saber qué ha hecho la jerarquía eclesiástica española en la atención de todas las víctimas de todos los ámbitos sociales, porque si es lo mismo que lo que han hecho con sus propias víctimas, lo cierto es que es más bien muy poco o nada.
Utilizar la reparación espiritual como una especie de muro de contención para evitar el resto de reparaciones nos resulta, y ya lo hemos manifestado una y otra vez, un acto de inaceptable hipocresía. Créannos, la reparación espiritual siendo respetable a demanda, no es ni de lejos la más relevante de las reparaciones demandadas. Y tampoco lo decimos sólo nosotros, así lo expresan la mayoría de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.. Tal vez, y es una sugerencia, lo que ustedes denominan reparación espiritual sea más de aplicación a los clérigos y religiosos pederastas que a las víctimas.
Monseñor Argüello utilizó otro dique de contención cuando se refirió, contestando a una pregunta de un periodista, a las indemnizaciones. Permitirán que echando mano del diccionario de la lengua española, que define la indemnización como una compensación económica destinada a reparar garantizando su indemnidad, al afectado por la privación (expropiación) de un bien o derecho, si por un perjuicio provocado por un tercero (en concepto de responsabilidad) o por un gasto en que ha incurrido por razón ajena a su voluntad. En nuestra opinión es negativo, calzarse la toga cuando conviene y basar como hizo Argüello el concepto de indemnización solo desde una perspectiva estrictamente jurídica. Porque ¿qué ocurre con las víctimas, que habiendo denunciado, han visto prescrito su caso? ¿Quién las indemnizará? La respuesta es clara, no habrá sentencia ni juez que lo haga. ¿Qué ocurrirá con las víctimas fallecidas? ¿O con aquellos casos en los que el victimario haya fallecido?
Además, hablamos de vías diferentes, una es la justicia ordinaria en los casos no prescritos y otra es la justicia canónica. La indemnización nunca puede ser considerada como una limosna, forma parte de la reparación y del reconocimiento. Cualquier estudiante de derecho sabe que delitos de esta tipología, en dónde se producen daños y secuelas de esta gravedad, llevan siempre aparejadas indemnizaciones económicas. Los perpetrados por sacerdotes y religiosos no son la excepción a la regla. Sirva como ejemplo la metodología empleada con las víctimas del terrorismo, del 11M o de la memoria histórica.
Hace ya unos años ante el firme mandato y compromiso del Papa Francisco de tolerancia cero ante la pederastia eclesial, y siguiendo el mandato de su Motu Proprio, la CEE y los obispados de España, dieron el paso de crear una legión de oficinas de atención a las víctimas. El tiempo y los testimonios de numerosas víctimas y supervivientes han demostrado que la gran mayoría de esas oficinas no solo no han servido de nada, sino que han resultado nefastas y revictimizadoras. Aquel trabajo se hizo mal, con una urgencia indebida para cumplir el expediente, incluyendo en muchos casos personal no versado en estos temas, lo cual ha acarreado el descontento casi global de las víctimas atendidas.
Muchas de ellas, ni siquiera optaron a este servicio porque no ofrecía confianza ni transparencia. Muchas de ellas, y ustedes lo saben de sobra aunque se empeñen en intentar demostrar lo contrario, sin éxito demostrable. Fracasos ocultos.
Llegados a este punto, en nuestra opinión, para comenzar a trabajar en la gestión, que ahora la iglesia pretende, es innegociable, partir desde un cimiento de transparencia, agenda y medidas concretas, presencia de representantes de las víctimas en las tomas de decisión, previas y posteriores, así como un trato individualizado víctima a víctima. Además de la redacción de un Estatuto de la Víctima en el orden canónico, no cerrado en un inicio del trabajo a realizar, sino abierto para ir incorporando derechos, si procede, a medida que el trabajo progrese.
En todos estos años de silencio, encubrimiento, persecución y a veces complicidad durante el que la Iglesia ha preferido defender a los pederastas y no a las víctimas, en dónde hemos tenido que tragar con ruedas de molino, incluso presenciando informes objetivamente tramposos y minimizadores como el ya famoso “Para Dar Luz” revictimizador y ofensivo, o también la torpe vulneración de la protección de datos por parte de la CEE exhibiendo de forma pública detalles íntimos del relato de las víctimas que deberían haber estado a salvo del conocimiento público, las víctimas y supervivientes hemos demostrado mucha paciencia y mucho talante.
No vamos a ceder porque lo que pedimos es de derecho. Nuestra clave, en consonancia con la serenidad demostrada durante todos estos años, no va a ir desde mínimos en ascenso, en todo caso, es exigible que parta de máximos, al igual que ha ocurrido en otros ámbitos de la victimología de este país antes mencionados.
Nuestra idea, no es imponer, siempre ha sido consensuar, pero partiendo de bases creíbles de respeto a las víctimas, bien estructuradas y rodeadas de absoluto respeto, algo que a día de hoy no percibimos. Porque a algo a lo que nunca vamos a renunciar es a nuestra dignidad.
Todo acuerdo precisa un entendimiento, pero no podemos considerar como asumible la postura de inamovilidad en la que se sigue enrocando la Iglesia española, mientras siga considerando que la única cesión deba proceder de la parte de los supervivientes de sus ataques.
Como bien calificó el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, “No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen.”
