La renuncia al aporte estatal para el pago de sueldos episcopales y el pase a retiro obligatorio de dos docenas de generales.
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Horacio Verbitsky, El Cohete a la Luna, (vía Observatorio del Laicismo), 9 de enero de 2024
Si algo no estaba en los cálculos de nadie es que, en el primer mes de 2024, que coincide con el comienzo del gobierno libertario de los hermanos Milei, la Iglesia Católica y el Ejército produjeran noticias de interés público, como lo fueron
– la renuncia al aporte estatal para el pago de sueldos episcopales y
– el pase a retiro obligatorio de dos docenas de generales.
Es importante entender qué significa cada episodio.
Renuncio a la nada
La finalización del pago de salarios a obispos, sacerdotes y seminaristas fue presentada por la Conferencia Episcopal como una renuncia al aporte económico del Estado y fue saludada como un aporte a la austeridad por el vocero presidencial Manuel Adorni. Sin embargo, permanecen intactas las transferencias de la Nación y de las provincias para el funcionamiento de la enseñanza confesional, que son la verdadera clave de esa sangría.
La alegada renuncia se produce en medio de la confrontación más virulenta en un siglo y medio entre un jefe de Estado y la cabeza de la Iglesia Católica. Durante la campaña electoral, el Papa Francisco comparó a Javier Milei con Hitler, y el candidato respondió aun con mayor sutileza que el Pontífice era un «sorete mal cagado» y representante del Maligno en la tierra. «Residuos tóxicos» llamó en 1884 el presidente Julio Rocca al delegado apostólico Luigi Matera, embarcado a la fuerza hacia Montevideo por oponerse a la enseñanza laica.
Hasta el vocero oficioso de la Iglesia Católica, Sergio Rubin, reconoció que el aporte suprimido «no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales y significaba el 7 % del presupuesto de la Iglesia». Ese porcentaje está sacado con el mismo ábaco con el que Milei estima la inflación implantada por el gobierno anterior en 15.000% anual.
Cuando Carlos Menem dejó la presidencia, en 1999, la asignación era de 2.500 dólares mensuales por obispo, unos 2,5 millones actuales, es decir 45 veces más que ahora. Además, en 1998 Menem transfirió 29 millones de dólares adicionales a un pequeño grupo de obispos seleccionados. Pero las transferencias para la educación confesional oscilan entre los 700 y los 1.000 millones de dólares anuales.
En 2023 se pagaron a obispos, curas y seminaristas, apenas 190 millones de pesos. La renuncia a ese aporte estatal venía discutiéndose desde la década de 1990, cuando el responsable de Caritas, el obispo Rafael Rey, denunció haber rechazado un ofrecimiento del ministro Carlos Corach de 300.000 dólares «bajo la mesa». A medida que disminuyó su significación económica, creció su peso negativo para la imagen institucional.
Secreto de confesión
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La derivación de aportes para la educación hacia el financiamiento eclesiástico fue conflictiva desde que en 1947 Juan Perón promulgó la enseñanza obligatoria de la religión católica en los colegios del Estado y subsidió con fondos públicos los salarios de los docentes de escuelas religiosas. Pocos años después, el Presidente denunció que en los colegios estatales «el mayor número de las cátedras fueron adjudicadas a curas» que ocultaban su condición sacerdotal y en los colegios católicos el porcentaje de sacerdotes en el cuerpo docente pasó del 20 al 80%. Según Perón, firmaban pero no cobraban y los recursos que transfería el Estado para pagar sueldos de los maestros se desviaban hacia el financiamiento de la Iglesia. «Con firmas falsas y aun simuladas, se defraudó al Estado ingentes sumas», dijo.
Durante los gobiernos justicialistas de Cámpora-Lastiri-Isabel y Juan Perón, el ministerio de Educación volvió a detectar una fuga de recursos, que no se usaban para pagar salarios de los docentes sino diversas actividades de la Iglesia Católica. El recorte redujo las transferencias en un 20% del total y el Episcopado lo consintió porque la información oficial era irrefutable.
En 2015, recibían subsidios el 74% de las escuelas privadas confesionales del nivel primario, y el 81% del secundario. Qué porción de ello se aplica a la tarea educativa y cuál paga otros gastos es algo que ninguna autoridad eclesiástica revela, como si fuera un secreto de confesión.
Prebendas
Los sueldos y los subsidios no fueron las únicas prebendas de la dictadura a los obispos adictos. En vísperas de la primera gran movilización gremial y política contra la Junta Militar, el gobierno cedió al Arzobispado de Buenos Aires grandes terrenos en distintas partes de la ciudad para que construyera iglesias, viviendas, instalaciones para actividades educativas, culturales, sociales y deportivas. Además, exime de impuestos todas las actividades vinculadas con la institución. También se hizo cargo de los pasajes para los viajes episcopales a Roma.
Días antes de dejar la presidencia, el dictador Jorge Videla transfirió al Episcopado en carácter definitivo y sin cargo los dos mil metros cuadrados del terreno y las edificaciones de la calle Suipacha al 1000, donde hasta hoy funciona la sede de su Secretariado General.
Esas transacciones darían lugar a una furiosa polémica interna. En 1983 el cardenal Antonio Quarracino reclamó el perdón para todos los militares acusados por Crímenes de Lesa Humanidad. El anciano sacerdote Hernán Benítez, que en su juventud había sido confesor de Eva Perón, le escribió a Quarracino que San Gregorio Magno “lo juzgaría a usted tan asesino como los asesinos que trata de apañar”. Quarracino le respondió que aquel Pontífice “no habría escrito eso que escribió si el emperador, por asesino que fuera, le hubiera estado construyendo gratis la basílica de San Pedro”. Indignado, el sacerdote replicó: “A aquel Papa y a aquellos obispos les interesaban más los templos espirituales de las almas que los materiales de ladrillo. ¿No le importa a usted minar la fe del pueblo humilde? ¿No le importa crea la gente que su defensa del Proceso es el precio de los sueldos jugosos a prelados, religiosos y seminaristas?”.
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La alianza crucial del siglo XX
La alianza de la cruz y de la espada fue el núcleo básico del poder conservador en la Argentina del siglo pasado, determinante en las décadas que van desde 1920, cuando la Iglesia Católica eligió al Ejército como el instrumento para recuperar la influencia perdida bajo los gobiernos liberales de los cuarenta años previos, hasta la de 1990, cuando fue aplastada la rebelión del coronel fundamentalista Mohamed Seineldín.
En ese lapso, la Iglesia Católica suministró el fundamento dogmático de los golpes militares de 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, que se justificaron por la batalla del Occidente Cristiano contra la trilogía perversa del liberalismo, la cultura laica y el comunismo. Un ejemplo rutilante es el flamante jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. Durante la dictadura, como columnista del mensuario surrealista Cabildo, escribió que
-La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa.
-El materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder.
-La “filosofía” del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García, Spinetta y Moris. Ofrece la posibilidad de convertirse en un animal o un marica.
-El rock es anticristiano y transmite mensajes satánicos, cuando se pasan al revés ciertas canciones, como Congratulations de Pink Floyd.
Igual que Rodolfo Barra y Vicente Gonzalo Massot, Manfroni arguye que esos fueron pecados de juventud, que hoy es un hombre distinto. Ahora dirige una Fundación de Ética Pública y un curso en la Universidad Católica auspiciado por la embajada de Estados Unidos sobre reglas contra la corrupción, es columnista del diario La Nación, reclama mano dura por la “hiperinflación de inseguridad”, objeta el criterio de la Corte Suprema sobre los crímenes de lesa humanidad y participa en las actividades del servicio de información de la embajada de los Estados Unidos, USIS. Entonces y ahora contra cualquier planteo nacional y popular.
El juicio a las Juntas Militares al concluir la última dictadura, las revelaciones sobre el rol en las violaciones a los derechos humanos de la Conferencia Episcopal y el Obispado Castrense, la condena a prisión perpetua del cura asesino Christian von Wernich, las revelaciones sobre los partidos de tenis del nuncio Pío Laghi con el dictador Massera, la muerte bajo proceso del obispo Oscar Justo Laguna, el enjuiciamiento de varios capellanes castrenses por asistir a sesiones de tortura, la promulgación pese a la resistencia eclesiástica de las leyes de divorcio vincular, matrimonio igualitario e identidad de género menguaron la incidencia de la institución confesional en las decisiones políticas. Esto va acompañado por un descenso del porcentaje de quienes se consideran católicos, que a mediados del siglo pasado se aproximaban al 100% y hoy rondan el 70%.
Con la entronización de un obispo argentino en la silla apostólica y la necesidad de aggiornar el mensaje papal para recuperar penetración social e influencia política, luego de los reinados disciplinarios de Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger, un episcopado argentino que el Papa Francisco reformateó a voluntad también procura restablecer contacto con la sociedad. Le amplía el espacio para ello la política del Presidente Javier Milei, de agresión a las necesidades populares y abominación de la Justicia social. En Europa, luego de la derrota del comunismo, la Iglesia Católica conducida por Bergoglio se ubica a la vanguardia de la impugnación a las consecuencias tanto de las políticas liberales como de la ultraderecha que allí llaman populismo.
