La Comisión Europea ya ha llamado la atención al Gobierno por el trato discriminatorio con otras asociaciones
Juan G. Bedoya, El País, 19 de septiembre de 2001
Cada año, la Conferencia Episcopal Española (CEE) envía a Roma un óbolo -de 16 millones de pesetas, en 2000- con cargo al único presupuesto público de la Iglesia católica, el de la propia CEE. Esa escueta generosidad de los obispos con el Romano Pontífice simboliza el funcionamiento centralizado de esta religión y contrasta con la dispersión con que funciona su economía de ingresos y gastos.
El lunes pasado un despacho de agencia anunciaba que los obispos estudiaban al día siguiente [por ayer] ‘los presupuestos de la Iglesia para el año 2002’, y así se anuncia cada año cuando se aprueba por la plenaria episcopal. Pero, en la realidad, ese presupuesto -23.929 millones en 2001- no sirve sino para pagar los sueldos de los propios obispos (211 millones) y la nómina de sus 19.000 curas parroquiales, más los gastos de personal y de funcionamiento de la propia Conferencia Episcopal.
También suele anunciarse cada año lo que el Estado aporta al presupuesto de la CEE -21.756 millones en 2001, algo más del 90% del presupuesto total-, con la equivocada idea de que es sólo esa cantidad la que llega a los obispos desde las arcas del Estado. La realidad, otra vez, confunde esa afirmación, porque lo cierto es que las diferentes administraciones del Estado aportan directamente a la Iglesia cientos de miles de millones más por múltiples caminos.
El paraíso fiscal
La ventajosa relación de la Iglesia católica con el Estado queda resumida en el campo de la fiscalidad. El clero no declara a Hacienda sus sueldos, y la Iglesia, en sus múltiples manifestaciones, está exenta de los impuestos principales: IVA, impuesto de bienes inmuebles (IBI), el de sociedades, el de transmisiones o el de actos jurídicos documentados. De forma que, cuando se hace la suma global de lo que aporta, aquí y allá, el Estado a las arcas católicas, nadie puede calcular lo que habría que añadir por esa situación de paraíso fiscal. Algunos expertos señalan por alto: decenas de miles de millones más.
Lo curioso es que de esas ventajas fiscales no se benefician ni siquiera las otras religiones que gozan de la calificación de ‘notorio arraigo’ [protestantismo, judaísmo e islamimso], que también han firmado convenios de colaboración con España. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un rabino, un pastor o un imam construyen su vivienda en un municipio, deberán pagar, lógicamente, la licencia de obras al Ayuntamiento, de la que, en cambio, está exento el sacerdote para su casa, rectoral o no.
Posted by asturiaslaica 
