El acceso de las víctimas de ‘bebés robados’ al banco estatal de ADN debería pasar por una denuncia interpuesta, no admitida

marzo 7, 2024

Actualmente, se necesita que la denuncia “haya sido admitida” para que la toma de muestras para secuenciar el ADN de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura puedan integrarse en dicho banco

Pixabay
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Carlos Cánovas Morillo, Newtral, 7 de marzo de 2024

En cumplimiento con la ley de memoria democrática, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha adquirido el software Bonaparte con el objetivo de crear y gestionar el banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y de la posterior Dictadura, aunque las personas damnificadas por los casos de ‘bebés robados’ que se dieron en este periodo podrían quedar excluidas de este organismo.

Banco de ADN. La norma recoge la creación del banco estatal de ADN como una base de datos que tendrá por finalidad “la recepción y el almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura y de sus familiares” para “comparar dichos perfiles genéticos con vistas a la identificación” de estos damnificados.

El escollo. Actualmente, se necesita que la denuncia “haya sido admitida” para que la toma de muestras para secuenciar el ADN de las víctimas puedan integrarse en dicho banco estatal. Con ello, Soledad Luque Delgado, víctima del ‘robo de bebés’ y presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, apuesta por el cambio de ‘denuncia admitida’ por ‘denuncia interpuesta’ –es decir, que bastara con la presentación de esta– debido a la “dificultad” que tienen las personas afectadas por el ‘robo de bebés’ para que sus denuncias sean admitidas.

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Dos años de la ley de eutanasia en datos: 370 personas han ejercido su derecho a morir dignamente

junio 24, 2023

En 2022, las eutanasias constituyeron el 0,064% de los fallecimientos en España, porcentaje que se da en Asturias con un total de 9 eutanasias

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Laura García, Newtral, 14 de junio de 2023

Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, 370 personas recurrieron a la eutanasia en España, según los datos recabados por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que además contabiliza más de mil solicitudes, a la espera de los datos consolidados del Ministerio de Sanidad que publica anualmente.

“Este primer panorama deja claro que era necesario despenalizar y normalizar la eutanasia”, apunta Fernando Sanz, médico, activista y miembro de DMD. Aunque destaca que la implementación está yendo despacio en relación cómo fue en otros países que legislaron antes.

Este 25 de junio se cumplen dos años de la entrada en vigor en España de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia (LORE) haciendo efectivo el derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, cumpliendo ciertos requisitos como sufrir una “enfermedad grave e incurable” o “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.

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