Los colegios privados-concertados se niegan a facilitar información sobre las llamadas cuotas voluntarias.
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Ismael Juárez Pérez, Nortes, 5 de septiembre de 2026
En las redes sociales, la respuesta parecía sencilla. “Cero euros”, escribieron varios antiguos alumnos y familias cuando NORTES preguntó cuánto cuesta estudiar en un colegio concertado asturiano. Otros recordaban pequeñas cantidades por material, aportaciones mensuales o gastos de comedor, transporte y actividades. Todos parecían hablar de la misma enseñanza y, sin embargo, describían realidades distintas. Había opiniones, recuerdos y acusaciones cruzadas, pero casi nunca un recibo, una circular o una relación completa de precios.
La misma pregunta, trasladada directamente a los colegios, tampoco obtuvo una cifra. El 2 de septiembre de 2026, NORTES solicitó información al Colegio San Ignacio de Oviedo, el Colegio de la Inmaculada de Gijón, el Colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor y el CODEMA-Corazón de María de Gijón. Se les preguntó por las aportaciones voluntarias, el uniforme, los libros, el material, los dispositivos digitales, las actividades y los servicios; también por el porcentaje de familias que colabora y, sobre todo, por lo que ocurre cuando una decide pagar cero euros. Ninguno respondió antes del cierre de este reportaje.
Los cuatro forman parte de una red mucho más amplia. El directorio oficial de Educastur, actualizado el 15 de abril de 2026, registra 64 centros privados concertados en Asturias. La selección no pretende representar estadísticamente al conjunto. La investigación se concentró en cuatro centros de especial notoriedad para seguir una pista concreta sobre sus costes y el grado de información que ofrecen a las familias.
Una familia que consulte los datos disponibles sobre los cuatro centros no puede reconstruir de forma completa y actualizada cuánto le costará escolarizar a su hijo
El silencio de estos colegios no demuestra que cobren cuotas obligatorias ni permite acusarlos de incumplir la ley. La revisión de la información pública sí confirma algo más elemental. Una familia que consulte los datos disponibles sobre los cuatro centros no puede reconstruir de forma completa y actualizada cuánto le costará escolarizar a su hijo. En unos aparecen actividades sin precios; en otros, tarifas que corresponden al curso anterior; en otros, aportaciones y ventajas ligadas a una fundación sin que se publique la cantidad necesaria para obtenerlas. La enseñanza es formalmente gratuita, pero su coste efectivo permanece en una zona de penumbra.
“Yo te voy a ser sincero: en concertada tenemos muy poca o poquísima implantación”, advierte Ignacio García, responsable de centros concertados de CCOO en Asturias. El sindicato cuenta con representación propia en aproximadamente cinco de los 64 centros privados concertados registrados por Educastur. Esto no significa que los colegios carezcan de delegados o comités. “Todos los centros tienen representación”, precisa García, quien explica que a CCOO se la considera allí un sindicato “de pública” y que muchas reivindicaciones laborales se dirigen contra la Consejería de Educación, que abona los salarios docentes, en vez de contra las direcciones. Con esa implantación, el sindicato tiene un conocimiento necesariamente limitado de lo que sucede en el interior de la mayoría de los centros. García no puede cuantificar las aportaciones ni atribuir prácticas a colegios concretos. “Es muy opaco todo”, resume.
La gratuidad y sus alrededores
La ley no ofrece demasiadas dudas sobre el principio general. El artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación prohíbe a los centros concertados cobrar por las enseñanzas gratuitas, imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones y vincular la escolarización a servicios obligatorios de pago. Las actividades extraescolares y otros servicios pueden cobrarse, pero deben ser voluntarios y no discriminatorios. La cuestión no depende, por tanto, del nombre que figure en el recibo. Una donación es legal si es verdaderamente libre; un servicio puede tener precio si una familia puede prescindir de él sin que cambien la enseñanza, el trato o la integración del alumno.
La pregunta decisiva es qué significa “voluntario” durante una jornada escolar real. García asegura conocer centros en los que servicios adicionales de idiomas, orientación, psicología o logopedia se introducen dentro del horario ordinario. “Si no vas, el crío, el menor, queda por ahí en el patio […] o en un aula aparte”, afirma. No identifica esos colegios y CCOO no dispone de un registro que permita medir la extensión de esa práctica en Asturias, por lo que su relato es una pista sindical, no una prueba contra un centro determinado.
El propio García introduce inmediatamente la contraevidencia. Hay familias que aseguran no haber pagado nunca y no haber sufrido consecuencia alguna. “Eso también ocurre”, reconoce. Añade que, entre los centros concertados de educación especial que conoce directamente, ninguno cobra cuota. La red no funciona como un bloque homogéneo. Pueden coexistir colegios sin aportación, otros con donaciones realmente voluntarias y otros en los que el conjunto de actividades y servicios convierta la gratuidad formal en una experiencia más compleja.
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La dimensión pública tampoco es menor. El Principado de Asturias cifró en 111,2 millones de euros la dotación para la concertada en 2026, 3,7 millones más que el año anterior. Los presupuestos distinguen el pago delegado de los salarios docentes, los gastos de funcionamiento y el personal complementario. Los datos definitivos del Ministerio de Educación contabilizan en el curso 2024-2025 a 28.699 alumnos en la concertada asturiana, el 21,62% de los 132.755 estudiantes de régimen general. Otros 96.386 estudiaban en la pública y 7.670 en la privada no concertada.
No existe, entre la información localizada, un desglose actual de cuánto dinero público recibe cada uno de los cuatro centros examinados. Tampoco sería riguroso dividir el presupuesto total entre el alumnado, ya que los pagos dependen de unidades concertadas, las etapas, las plantillas, antigüedad, sustituciones y complementos. García admite que los módulos de funcionamiento pueden quedar por debajo de la subida real de los costes, pero considera que esa insuficiencia sirve también como “coartada” para buscar recursos adicionales. Es una valoración sindical. En ningún caso una financiación insuficiente permitiría convertir una aportación voluntaria en obligatoria.
Una pista nacional, no un resultado asturiano
La sospecha sobre las cuotas no nace de la nada. El X Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados, elaborado por CICAE para el curso 2025-2026, realizó 338 solicitudes de información simulando el interés de familias en matricular a un hijo. Visitó centros de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco y Murcia. Encontró una cuota base en el 83% de los colegios examinados; entre los que cobraban, consideró que en el 69% no existía una voluntariedad efectiva y detectó prácticas de exclusión en el 11%
Son cifras suficientemente contundentes para justificar la pregunta, pero no para contestarla en Asturias, que quedó fuera del estudio. El propio informe limita la posibilidad de extrapolar sus resultados territoriales. Además, CICAE representa a colegios privados independientes no sostenidos con fondos públicos y tiene, por tanto, un interés sectorial en el debate con la concertada. Eso no invalida su trabajo, pero obliga a explicar quién lo firma y hasta dónde llega.
El estudio sirve sobre todo como catálogo de los mecanismos que deben buscarse, entre ellos las cuotas presentadas como donaciones, los servicios insertados en la jornada, los precios que solo se entregan durante el proceso de admisión o la separación de los alumnos que no participan en una actividad. También revela un problema de transparencia. Una cuarta parte de los centros con cuota no entregó una hoja de precios.
Otra investigación, El coste de acceso a la escuela concertada en España, publicada por EsadeEcPol en 2024 a partir de encuestas del Instituto Nacional de Estadística, refuerza la idea de una red desigual. Según la etapa y la definición empleada, entre el 81% y el 95% del alumnado pagaba algún importe, pero un 13% no pagaba nada y un 18% abonaba menos de veinte euros mensuales. El 40% de quienes menos pagaban concentraba apenas el 5% del gasto total en cuotas. La concertada española contiene, al mismo tiempo, costes altos, aportaciones pequeñas y escolarización a coste cero. Tampoco este estudio permite asignar una media fiable a Asturias.
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Lo que dejan ver los documentos
La documentación más reveladora aparece en los dos colegios jesuitas examinados. El San Ignacio de Oviedo y La Inmaculada de Gijón tienen como titular a la Fundación Educativa Jesuitas Noroeste, pero mantienen además una relación con la Fundación Loyola-Asturias. Esta entidad declara que gestiona actividades situadas “fuera del concierto educativo”, recibe aportaciones voluntarias y destina recursos a instalaciones, innovación, tecnología, formación y becas.
Varias extraescolares de La Inmaculada ofrecen precios distintos a las familias afiliadas a la fundación y a los usuarios generales. Las páginas oficiales consultadas fijan el judo en 32 euros mensuales para un afiliado que acuda un día a la semana y en 64 para el resto. En inglés, los importes localizados eran de 64 y 120 euros, respectivamente. Son actividades opcionales y esas diferencias no prueban una cuota por recibir enseñanza ni una irregularidad. Sí acreditan una ventaja económica asociada a la afiliación cuyo coste no se publica. Sin saber cuánto debe aportar una familia para adquirir o conservar esa condición, tampoco puede calcularse el ahorro real ni conocerse qué sucede cuando aporta cero euros.
El dossier del San Ignacio para el curso 2026-2027 indica que el precio de afiliado se aplica automáticamente en las extraescolares. El centro exige además uniforme en Infantil, Primaria y ESO y utiliza un dispositivo personal desde quinto de Primaria. Sin embargo, no se ha podido reconstruir el coste de esas prendas ni saber quién paga el dispositivo, que la documentación dice que “se facilita”. Tampoco aparecen de forma completa las tarifas actuales de otros servicios o el importe recomendado de la aportación.
El CODEMA-Corazón de María ofrece un contraste. Su documentación de admisión para las etapas concertadas no incluye una cuota educativa o de proyecto entre los requisitos de matrícula. La web recoge comedor, transporte y extraescolares, pero el folleto de precios localizado corresponde a 2025-2026 y no puede presentarse como vigente. Los testimonios que atribuyen al colegio un coste de cero euros, salvo los servicios opcionales, encajan con lo publicado, aunque no bastan para confirmarlo. El centro tampoco respondió cuando NORTES le preguntó si una familia puede cursar las etapas concertadas sin pagar por enseñanza, aportación o proyecto.
En Los Robles-Peñamayor, perteneciente a Fomento de Centros de Enseñanza, la información pública localizada para este reportaje no incluye una relación completa y actualizada de las aportaciones y los costes vinculados al uniforme, el material, los dispositivos, el comedor, el transporte u otros servicios. El colegio tampoco respondió a las preguntas de NORTES, por lo que no ha sido posible determinar cuánto paga una familia ni qué conceptos resultan imprescindibles durante las etapas concertadas.
Los documentos dibujan, por tanto, modelos diferentes. En los dos colegios jesuitas está acreditado un sistema de afiliación que ofrece ventajas económicas en actividades voluntarias, pero se desconoce cuánto cuesta pertenecer a él y qué ocurre al aportar cero euros. En CODEMA no aparece una cuota educativa y, en Los Robles-Peñamayor, la información localizada no permite completar una relación actualizada de costes. Ninguno de estos hallazgos demuestra un cobro obligatorio por la enseñanza concertada. Sí permiten concluir que una familia no dispone de información pública suficiente y homogénea para saber de antemano cuánto pagará.
Quién puede entrar sin pagar
Los costes no necesitan figurar como requisito de admisión para influir en quién solicita plaza. Un uniforme, un dispositivo, las excursiones, el comedor o el ambiente de consumo que rodea a un colegio pueden actuar como mecanismos de autoselección y llevar a una familia a descartarlo antes incluso de preguntar si existe una cuota. García sostiene que determinados padres eligen centro buscando también un perfil social concreto. Es su impresión.
Los datos oficiales sí muestran una diferencia. En el curso 2023-2024, el 80,35% del alumnado extranjero de Asturias estudiaba en la pública y el 16,27% en la concertada. La pública escolarizaba el 72,2% del alumnado total y la concertada alrededor del 21,8%. Dentro de cada red, el alumnado extranjero representaba el 7,84% en la pública y el 5,52% en la concertada; la distancia era mayor en Primaria y ESO.
Estas cifras describen una distribución desigual, pero no explican su causa. Nacionalidad no equivale a renta y faltan datos públicos comparables sobre ingresos familiares, vulnerabilidad, becas de comedor o necesidades de apoyo según la financiación del centro. No puede afirmarse que las cuotas excluyan a los migrantes solo porque estén menos representados. Pero sí puede preguntarse por qué la Administración no publica indicadores que permitan comprobar hasta qué punto todos los centros financiados con dinero público escolarizan a poblaciones socialmente semejantes o si las familias con menos recursos encuentran barreras económicas indirectas.
La falta de respuesta de los colegios tiene también un límite interpretativo. No convierte en obligatoria una aportación voluntaria ni en excluyente una actividad de pago. Pero impide despejar sospechas que podrían resolverse con una tabla sencilla que recogiera la enseñanza, la aportación recomendada, el material obligatorio, el uniforme, el dispositivo, el comedor, el transporte, las actividades y las ayudas. Bastaría con acompañarla de una explicación inequívoca sobre qué cambia cuando se paga cero.
“No te resolví nada”, resumió con cierta frustración Ignacio García al terminar la conversación. No podía ofrecer una cifra, identificar una práctica general ni señalar expedientes de inspección. Después de revisar presupuestos, estadísticas, webs, folletos, planes digitales y documentos de admisión, la investigación tampoco ha encontrado un precio único ni una prueba de cobro obligatorio en los cuatro centros.
Pero sí ha encontrado algo. Asturias destina 111,2 millones de euros a una red de 64 centros privados concertados que escolariza a más de una quinta parte del alumnado, mientras en los cuatro examinados algunas condiciones económicas permanecen dispersas, incompletas o directamente ausentes de la información pública. Los cero euros pueden ser reales para muchas familias. También pueden serlo las aportaciones y los gastos relatados por otras. Lo que no resulta aceptablemente transparente es que, antes de matricular a un hijo, ambas afirmaciones sean imposibles de comprobar.
La pregunta continúa exactamente donde empezó. Si la enseñanza concertada es gratuita, ¿por qué cuesta tanto saber cuánto cuesta?
