«Informe Crítico sobre la Memoria de actividades de la Iglesia católica 2024»
Fuente Europa Laica-Observatorio del Laicismo, 12 de marzo de 2026
Europa Laica destapa la falta de transparencia de la Iglesia en la Memoria 2024 y el destino real de la asignación estatal del IRPF (‘X’). Fondos públicos de la hacienda, no «aportaciones voluntarias», como repite la CEE.
Ha publicado su «Informe Crítico sobre la Memoria de actividades de la Iglesia católica 2024», un análisis detallado de la Memoria presentada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre ese ejercicio fiscal. El documento revela carencias e incumplimientos graves en la justificación del empleo de esos fondos públicos, además de ocultaciones en otros aspectos relacionados.
La asignación tributaria que recibe la Iglesia católica es una aportación estatal de la hacienda pública –no «dinero de los contribuyentes que marcan la X», como repite la CEE para eludir su origen público y presentarla como mera «libertad»–, y su Memoria 2024 no la justifica adecuadamente.
La presentación del informe tuvo lugar en el Centro Social Rey Heredia (Córdoba), con José Antonio Naz Valverde (presidente de Europa Laica) y Juan José Picó Pastor (autor del informe). Naz destacó: «Presentamos aquí, en un centro autogestionado sin ayudas públicas que realiza servicios sociales clave como su comedor, demostrando que no hace falta marcar ninguna X para la acción solidaria».
Picó comenzó informando de que la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica fue solicitada por el Estado para justificar en qué actividades emplea el dinero aportado por todas las españolas y españoles. Sin embargo, Picó lamenta que, “como puede comprobarse con su mera lectura, la Memoria relata de manera propagandística las actividades que la Iglesia Católica dice haber hecho en el período en cuestión, sin aclarar a cuáles de ellas dedica qué cantidad de dinero”. Así, Picó aclaró que, de 100 páginas, solo 4 son para justificar los gastos y los que se mencionan son, en casi un 63%, para sostener los salarios del clero (228,1 millones de euros de los 372,9€ recibidos del Estado por el IRPF)
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Principales conclusiones del informe
1.- ¿Por qué este informe crítico?
El Informe Crítico surge por la negligencia del gobierno y la comodidad de la IC en cumplir con el objeto real que debe tener la Memoria y que no se cumple, además de comentar otros aspectos del contenido de la Memoria.
El Informe Crítico no tiene nada que ver con planteamientos antirreligiosos sino con la defensa de lo público, el funcionamiento democrático y procurar a la ciudadanía una información que la Memoria no proporciona.
2.- La Iglesia católica NO justifica con claridad la asignación que recibe
El Acuerdo de 2006 estableció el compromiso de la IC de presentar cada año «una Memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación».
Tan solo 4 páginas de la Memoria dedicadas a la Asignación y otras 4 a la economía diocesana.
El resto de más de 90 páginas dedicado a mostrar el catálogo de cifras y actividades propiamente eclesiales (anunciar la fe, celebrar la fe, vivir la fe) que no tienen relación directa con la Asignación y solo sirven de publicidad eclesial, para dar un simulacro de justificación y hacer creer erróneamente que la Asignación se usa para llevar a cabo tales actividades.
3.- Ocultación y falta de transparencia en los datos
Muchos ítems ingresos/gastos solo tienen una denominación genérica (diversos, generales, (extra)ordinarios, otros) que impiden determinar su contenido concreto.
Muchos ítems contienen distintos conceptos pero sin desglosar sus importes sino solo el total.
Oscurantismo total sobre la composición del clero (obispos, sacerdotes y religiosos) a cargo de la CEE o de las Diócesis y su retribución a cargo de la Asignación.
Oculta los ingresos financieros de las inversiones realizadas con la Asignación.
Oculta el superávit de la economía CEE que genera la Asignación recibida así como el Fondo de Reserva que lo recibe. En 2022, último año que se publicó: 22,5 millones y 122,1 en el Fondo.
La economía diocesana no desglosa entre recursos públicos y recursos privados o propios.
El Tribunal de Cuentas ya comentó en 2020 que la economía diocesana no informa de en qué áreas aplica la asignación.
La Memoria queda distante del «compromiso por la transparencia» pregonado por la IC y de la publicidad de que «La Iglesia reporta con transparencia el destino de los recursos recibidos».
4.- Un despliegue de publicidad eclesial falaz y engañosa
La IC hace un análisis sesgado de la Asignación recaudada:
– En 2025 aumentó a 429,3 millones (+46,9) y 7,95 declaraciones (+0,11).
– Por simple crecimiento de los salarios y de la economía general.
– El dato más concluyente es que tan solo el 30,08% marcan la casilla a la IC y decreciente cada año (máximo en 2011: 35,71%).
– El 39,51% no marca ninguna casilla y creciente (mínimo en 2014: 28,85%).
El objetivo de la Memoria es centrifugar cifras incompletas, enmarañadas y sin un mínimo rigor para ofrecer una apariencia de que «rinde cuentas», acompañadas con algunas ideas básicas y golpes de efecto sobre la bondad de las actividades de la IC.
La propaganda eclesial a través de Xtantos y otros medios es sencillamente falaz y engañosa:
– Marcando la casilla a IC ayudas a la labor asistencial que hace la Iglesia.
– Lo que la Iglesia recibe por el IRPF no sale de los PGE.
– El sostenimiento de la Iglesia depende en exclusiva de las aportaciones de los fieles.
– La Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial.
5.- La asignación aplica en la retribución del clero
La publicidad de la IC –y el contenido de la Memoria– encumbra las labores asistenciales que realiza como destinatarias de la Asignación para llamar a los sentimientos de los contribuyentes para marcar la casilla a IC.
En 2024 la Asignación recibida ha aumentado un 13,1% pero el empleo en labores pastorales y asistenciales se ha reducido en un 6,7%, y la retribución del clero en un 13,6%.
La realidad es que en 2024 el 62,9% de la Asignación recibida se aplica a la retribución del clero (salarios, seguridad social, prestaciones sociales), más una pequeña parte al funcionamiento general de la estructura organizativa de la CEE (en 2023: 80,0%).
La gráfica a continuación muestra los empleos de la Asignación recibida:
6.- Los supuestos beneficios y ahorros de la IC al Estado
La Memoria aporta cifras del impacto económico-social de sus actividades que, sin mayor justificación, además de su cuestionable fiabilidad, nada tienen que ver con la Asignación:
– Por cada euro de gasto que realiza la IC, en su misión pastoral, social y cultural, se generan 1,65 euros en la economía española.
– Las actividades diocesanas incrementan la economía en 2.375 millones el PIB, 52.000 empleos directos y 0,67 indirectos por cada directo.
– El gasto de la actividad diocesana es de 1.428 millones de euros, lo que supone 4 veces más en relación a la Asignación recibida.
– Los centros de enseñanza católicos concertados suponen un ahorro para el Estado de 5.067 millones de euros anuales.
7.- Inverosímil informe de la consultora PWC
Es cuestionable y causa perplejidad el «Informe de Aseguramiento Razonable» emitido por la consultora PwC sobre que la Memoria ha sido preparada de manera adecuada y fiable.
El Informe de PwC se basa en verificar que el proceso de elaboración de la Memoria anual cumple con los criterios de la normativa interna de la propia IC pero en ningún caso constituye una auditoría de cuentas.
A partir de la no justificación, ocultación y falta de transparencia en los datos, la IC utiliza el Informe de PwC para dotar a la Memoria de una apariencia de rigor de la que carece.
8.- La asignación está sobrefinanciando a la Iglesia católica
Todos los datos analizados de la Memoria apuntan a que la Asignación que la IC recibe cada año le está suponiendo una muy significativa sobrefinanciación por parte del Estado.
La IC disfruta de exención fiscal generalizada de la gran mayoría de sus actividades al estar considerada como entidad sin ánimo de lucro.
El Acuerdo de 2006 (implementado en la Campaña de la Renta de 2008) incrementó la cuota íntegra un 33,61%.
La Asignación recaudada acumulada en 2008/2025 asciende a más de 5.200 millones.
Se genera un superávit anual de la Asignación recibida (que la IC oculta) que incrementa el Fondo de Reserva eclesial.
Se generan intereses financieros (que la IC oculta) por las inversiones que la IC realiza con la Asignación y el Fondo de Reserva.
9.-La importante sobrefinanciación pública de las diócesis
La Memoria no desglosa cuánto de la economía diocesana es financiación pública y cuánto es privada o de recursos propios eclesiales.
Se puede estimar que la financiación pública es del orden del 40% de los recursos diocesanos (sobre el total de 1.396 millones recibidos):
– 23,4% por la Asignación, que es el único ítem que contabiliza la Memoria.
– 18% aprox. por las subvenciones recibidas (incluidas en el ítem de «Ingresos corrientes»).
La economía consolidada de las 70 Diócesis genera superávit (que la Memoria no menciona) que en 2024 ha sido de 131,1 millones, lo que supone el 9,5% de los recursos recibidos (!!!).
El superávit diocesano acumulado en 2016/2024 asciende a 382,2 millones, sin que la Memoria mencione su destino o sobre la existencia de un Fondo de Reserva diocesano alguno.
10.-La IC incumple el compromiso de autofinanciación
En el Acuerdo de 1979 la IC declaró su voluntad de «lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades». Es decir, su autofinanciación, suprimiendo la Asignación.
Casi 50 años después la IC no ha cumplido pero tampoco el gobierno se lo ha exigido.
Tampoco planes para cumplirlo toda vez que, en el Acuerdo de 2006, cuando se estableció el sistema de Asignación pura con el 0,7%, se indicó que ello tendría carácter estable o indefinido, como si se diera por amortizado el compromiso de autofinanciación.
11.- La dejación del Gobierno sobre «el adecuado sostenimiento económico» de la IC
En el Acuerdo de 2006 el Estado se comprometió a colaborar con la IC para «su adecuado sostenimiento económico» sin que hasta la fecha se hayan fijado los criterios objetivos para cuantificar cuál es su monto y aplicación.
Junto a la comodidad de la IC, existe una connivencia y negligencia del gobierno y fuerzas parlamentarias en no ser garantes en defender el erario público en relación con:
– Una Memoria que no justifica el empleo que la IC hace de la Asignación que recibe.
– No cuantificar “el adecuado sostenimiento” de la IC.
– Permitir la sobrefinanciación eclesial.
– No exigir la autofinanciación de la IC, suprimiendo la Asignación.
12.-Demoledor informe del Tribunal de Cuentas
En 2020 el Tribunal de Cuentas publicó un informe con el análisis realizado sobre la Memoria del año 2017 sin que desde entonces se haya actuado sobre las conclusiones que, en síntesis, se denunciaban:
– La Memoria no es justificativa. Solo describe las cantidades recibidas.
– No informa de en qué áreas diocesanas aplican estas cantidades.
– No hay establecidos criterios sobre el contenido, plazos y el formato.
– No está determinado el adecuado sostenimiento de las necesidades de la IC.
– No está regulado el superávit. El uso que hace IC puede contradecir normas UE.
– No está fijado un límite temporal para la autofinanciación de IC.
Urge revisar los privilegios legales de la Iglesia y la connivencia institucional
La IC disfruta de enormes privilegios económicos y fiscales, en la educación, la simbología institucional confesional, en el terreno jurídico, el expolio de las inmatriculaciones, etc. que tuvieron su origen en el nacional-catolicismo pero que se han quedado incrustados en una sociedad con una elevada secularización y desapego de la religión, mayor entre la juventud.
Por coherencia y democracia no tiene sentido mantener esta situación en un Estado formalmente aconfesional. Europa Laica reivindica, como más relevante:
– La denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 y 2006 con la Santa Sede y los de 1992 con las confesiones minoritarias.
– Suprimir la Asignación Tributaria del IRPF. Hasta tanto, no marcar ninguna de las dos casillas de la declaración de la renta.
– Cumplir con el informe del Tribunal de Cuentas.
– Exigir el cumplimiento de la autofinanciación de la IC.
– Derogar la Ley de Libertad Religiosa y promulgar una Ley del derecho a la Libertad de Conciencia y la Laicidad del Estado.
Más de 13.100 millones de euros públicos al año
La Asignación que la IC recibe es solo una mínima parte del total de financiación pública directa que recibe desde todas las administraciones públicas y por múltiples conceptos, además de la financiación pública indirecta que le suponen las enormes exenciones fiscales que disfruta.
Europa Laica, a pesar del oscurantismo y falta de transparencia eclesial y del gobierno, estima que la financiación pública a la IC asciende a más de 13.100 millones de euros anuales, con el desglose a nivel de los grandes ítems que se muestran en la tabla a continuación.
