La Coordinadora Estatal Recuperando “en defensa de lo público” exige “transparencia democrática” al Gobierno de Aragón para “poder conocer e identificar las inmatriculaciones” de la entidad religiosa privada: “La información ya existe y debe entregarse” a las Cortes de Aragón
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AraInfo, 17 de febrero de 2026
A juicio de la entidad “un listado sin detalles impide identificar bienes y proteger lo público. Lo que ya se conoce en Nafarroa, Euskadi o Asturies debe conocerse en todo el Estado”, por eso, la Coordinadora Estatal Recuperando “tras las reuniones mantenidas con distintas Defensorías del Pueblo autonómicas”, se dirige ahora “a las presidencias de los gobiernos autonómicos”, para exigir “el acceso y la transparencia a la información detallada de todas las inmatriculaciones” incluidas en el informe del Gobierno del Estado español titulado ‘Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano’.
La información “ya existe” y debe entregarse a las Cortes de Aragón
El documento publicado “contiene un simple listado que, en numerosos casos, no permite una identificación correcta de los bienes. Sin esa identificación —con datos registrales completos, notas simples o equivalentes— es imposible comprobar con rigor qué se ha inscrito, dónde, a nombre de quién y con qué antecedentes, y por tanto resulta inviable defender adecuadamente el patrimonio público, incluido el municipal y comunal o valorar posibles actuaciones administrativas y jurídicas”, subrayan desde Recuperando.
La entidad recuerda que esa información “ya obra en poder” del Gobierno del Estado español desde que se elaboró el citado estudio. “No se entiende que se haya mantenido oculta hasta la fecha, lo que contraviene los principios elementales de transparencia democrática”, recalca.
“El propio Gobierno central ha señalado que los gobiernos de las Comunidades Autónomas disponen también de esa información, que sería imprescindible para proteger y, en su caso, reclamar bienes del dominio público o comunales”, reiteran.
Asimismo, indican que “no cabe ocultarse bajo la Ley de Protección de Datos, LO 15/1999, dicha ley solo es aplicable a datos personales de personas físicas, no de entidades o personas jurídicas como es el caso que nos ocupa”, `por lo que exigen a la DGA “la información completa” de inmatriculaciones de la Iglesia católica en Aragón, y que esta “debe entregarse” a las Cortes de Aragón.
Desigualdad territorial en el acceso a datos
Desde la Coordinadora Recuperando denuncia igualmente que “no es aceptable que esta información se haya podido hacer pública, o accederse a ella, en territorios como Nafarroa, Euskadi o Asturies, mientras se sigue ocultando desde el Gobierno del Estado español y del resto de gobiernos autonómicos (incluida la DGA). La transparencia no puede depender del territorio”.
Como segunda exigencia, la Coordinadora Estatal Recuperando exige conocer “la totalidad de bienes inmatriculados desde 1946. Y ampliar el periodo de 1998 a 2015, hasta la totalidad desde 1946”. Recuperando considera además imprescindible que “por el mismo principio de transparencia, se conozca la totalidad de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante el denominado certificado administrativo eclesiástico desde 1946”. Para ello, reclama que “el Gobierno central y los gobiernos autonómicos recaben dicha información del Colegio de Registradores de la Propiedad, con un nivel de detalle que permita la identificación y verificación de cada bien”.
“Casi veinte años han pasado desde que este escándalo saliera a la luz pública, y los ayuntamientos y la ciudadanía siguen sin conocer con certeza cuántos y cuáles han sido los bienes inscritos a nombre de la Iglesia Católica con un único ‘certificado diocesano’ como garantía”, enfatizan desde la entidad social.
Por todo ello, Recuperando considera que “es deber de los distintos gobiernos, al menos, garantizar el marco mínimo necesario para la protección y conservación de los bienes creados con el esfuerzo colectivo de las comunidades afectadas, antes de que se dé su más que posible progresiva liquidación y venta por parte de la Iglesia Católica. Ese marco mínimo requiere, de entrada, conocer en detalle la totalidad de lo inmatriculado”, concluyen.
