La supresión de los privilegios de los que gozaba la iglesia por parte de la República era algo que no podían admitir
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José Luis Garrot Garrot*, Cuadernos CAUM nº 334, 8 de septiembre de 2025
Introducción
Desde el mismo momento en que se proclamó la República, la iglesia católica adoptó una posición de franca hostilidad, aunque en los primeros momentos mantuviera una postura de no beligerancia. Postura que no era seguida por algunos jerarcas, como era el caso del cardenal Segura, y de otros clérigos que defendían incluso la resistencia armada.
El rector del seminario de Comillas, Aniceto Castro Albarrán, en su libro El derecho a la rebeldía (1934), pedía claramente la resistencia armada. Este mismo autor publicó en 1938 Guerra Santa, con prólogo del cardenal Gomá. Ante la presión del nuncio Tedeschini y el cardenal Vidal i Barraquer, Castro Albarrán fue obligado por el Vaticano a dimitir de su cargo como rector del seminario.
La supresión de los privilegios de los que gozaba la iglesia por parte de la República era algo que no podían admitir. Todo aquello que se legislara eliminando alguna de estas prebendas era elevado al término de persecución, para así justificar un artificial martirologio, del que tanto gusta la iglesia católica.
Desde el momento en que triunfó el Frente Popular, prácticamente desde toda la prensa de derechas –mucha de ella controlada por la iglesia o sectores católicos integristas- se pedía que hubiera un levantamiento militar que acabara, no solo con el Frente Popular, sino con la propia República. Fueron numerosos los eclesiásticos y católicos que alentaron y participaron en el levantamiento militar del 18 de julio.
El canónigo Carlos Cardó lo dejó bien claro: «La extrema derecha y la plutocracia injertaron en el árbol del catolicismo sus preocupaciones políticas y sus egoísmos de clase […]. Desde el principio se optó por la insurrección armada sin, no digo ya agotar, sino ni siquiera intentar los medios pacíficos prescritos tanto por la moral como las disposiciones positivas de la autoridad. Mejor dicho, se sabotearon estos medios» (citado Raguer, 2010: 52).
«[…], sacerdotes, religiosos y hasta algún obispo [Segura, Gomá, Irurita], desde el principio rechazaron la República, reprobaban los esfuerzos de los moderados por corregir desde la legalidad el anticlericalismo y adoptaron lo que en Francia se había llamado la “politique du pire”, o teoría de la catástrofe: cuanto peor, mejor, porque provocaría la guerra» (Raguer, 2013:247).
El respaldo de la iglesia a los sublevados fue inmediato, y no porque los militares la solicitaran, sino porque graciosamente se la brindaron las jerarquías eclesiásticas. No sólo se convirtió en su apoyo moral, sino que también colaboró de forma material con la aportación de dinero y joyas. La iglesia vio la sublevación como una bendición, de ahí que fuera desde ella de la que partió el término “cruzada” para denominarla.
Como coartada para justificar su implicación con la sublevación, la iglesia apeló al supuesto anticlericalismo de la República. La República no creó el anticlericalismo, este ya se vio patente en otros momentos de la historia de España, como en el Bienio revolucionario o en la Semana Trágica. Como bien señala Jaume Botey: «La conciencia anticlerical fue a menudo fatalmente alimentada por la propia jerarquía, por sus abusos, por sus riquezas, por su sistemática oposición al progreso, por su vinculación a la dictadura» (Botey: 13).
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*José Luis Garrot Garrot es historiador y arabista. Profesor de la UCM
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