MODIFICACIÓN DE LA LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE
José Luis Iglesias
Presidente de Asturias Laica
El artículo aparece publicado hoy en Asturias24:
El Boletín Oficial del Estado publicaba el 29 de Julio la ley aprobada el día 28 de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Nadie pensaba que en dicha ley el gobierno introdujese la disposición adicional 2ª en la que se establecen medidas que tienen mucho que ver con los cuidados paliativos y la sedación de los enfermos terminales y nada con la protección de la infancia.
En el caso de los enfermos terminales que no hayan registrado el Testamento vital y no estén en capacidad de decidir sobre aceptar o rechazar los tratamientos por haber perdido la conciencia, establece la ley que la decisión sigue correspondiendo a la familia como hasta ahora. Pero la adicional 6 establece que:
“La decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.”
Es decir la ley aunque primero establece que la decisión corresponde a la familia, más adelante esta decisión la condiciona e incluso la anula, pues esta habrá de adoptarse siempre para la salvaguarda de la vida o salud del paciente.
Unos enfermos que si la medicina considera terminales son porque se ha llegado al convencimiento de que carece de medios para curarles las enfermedades que padecen y que a corto o medio plazo causarán el fallecimiento de los mismos. Ciertamente aunque la medicina carece de medios de curación los avances tecnológicos pueden prolongar un tiempo las constantes vitales. ¿Puede llamarse a eso vida? Y además ¿a costa de qué? De graves padecimientos del enfermo y sufrimiento de los propios familiares llevándolo a una muerte que en todo caso se producirá, pero en este caso en condiciones inhumanas e indignas.
El gobierno no tiene en cuenta ni los padecimientos, ni el dolor, ni la dignidad de los pacientes. El único criterio es la salvaguarda de la vida. ¿Qué vida?
Pero es más no basta con dictar esta barbaridad sino que se acompaña de la amenaza a todos aquellos, especialmente dirigida a los profesionales de la medicina, que incumplieran lo establecido introduciendo la intervención de la fiscalía y el juez.
No estamos hablando de un problema menor. En España hay un promedio mensual al año de doscientos cincuenta mil enfermos terminales. La mayoría sin haber registrado testamento vital alguno. Este es el final de sus vidas que les impone el gobierno del PP. Un final de sufrimientos y de muerte indigna. Con los avances médicos, a excepción de los que fallezcan de muerte súbita, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles tenemos un alto porcentaje de que se nos aplique una ley tan bárbara y tan retrograda.
Pero exactamente igual que con el caso del aborto y de cómo casi todo en la vida, aquellos que tienen medios suficientes encontrarán medios privados con los que sortear la ley y evitar padecimientos y muertes indignas.
No podemos dejar de denunciar que tras las atenciones a los enfermos terminales se mueven también los intereses económicos de aquellos centros privados, muchos en manos de ordenes religiosas, que les prestan los cuidados que no reciben en la sanidad pública.
Y todo esto ¿Porqué? La explicación es de una lógica demoledora y aplastante. El gobierno del PP no pudo satisfacer los deseos de la ultraderecha católica con el tema del aborto. Se acercan las elecciones y representan una cantidad importante de votos, En circunstancias de la posible pérdida de la mayoría absoluta y aún del gobierno, el PP no se puede permitir la perdida de este sector. No pudo hacerlo con el aborto porque hubo debate y como consecuencia presión social.
Para recuperar esos votos el gobierno del PP ha ofrecido a los ultras católicos el sufrimiento y la muerte indigna de miles de personas. Es sencillamente monstruoso.
La estrategia era no caer en los errores que se cometieron con el aborto. Había que evitar la presión social y para ello había que imposibilitar el debate. ¿Que mejor que introducir estas disposiciones legislativas como disposiciones adicionales de una ley que nada tuviera que ver con la cuestión?, Sería una forma de despistar a la oposición. ¿Qué mejor que hacerlo en pleno verano?. En Julio
Y funcionó. Lamentablemente funcionó. La oposición ni se ha enterado. Siendo el tema de una gravedad mayúscula. Es su responsabilidad.
Solo nos queda una alternativa: Por un lado construir una respuesta social por medio de la información para que el PP pague electoralmente esta manipulación de los enfermos terminales y el engaño a la ciudadanía. Y por otro organizar desde las instituciones campañas informativas sobre la urgencia y la necesidad de registrar el testamento vital.
Asturias Laica solicitará inmediatamente a los partidos políticos de la oposición así como a los ayuntamientos la urgencia de ambas medidas.
