Las administraciones públicas tienen la obligación de atender a todas las víctimas, acompañar a sus familias y garantizarles asistencia psicológica y social. Sin embargo, cuando llega el momento de los homenajes, la Iglesia católica vuelve a ocupar un protagonismo ceremonial que nadie le ha encomendado. España es un Estado aconfesional, aunque algunas viejas costumbres del nacionalcatolicismo sigan disfrutando de una salud envidiable.
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Pedro María Fernández Sandino, Euskadi Laikoa, 6 de noviembre de 2026
Cuando un tren descarrila y deja tras de sí muertos, heridos y familias destrozadas, las primeras personas que aparecen no llevan sotanas ni preparan responsos. Llegan sanitarios, bomberos, policías, equipos de rescate y profesionales de emergencias. Pero también aparecen los vecinos. Personas que salen de sus casas, que ofrecen mantas, agua, refugio o simplemente una mano. Gente que ayuda sin preguntar quién eres, de dónde vienes o en qué crees. Ahí está la solidaridad de verdad. Sin discursos, sin cámaras y sin necesidad de que nadie la bendiga. Durante esas horas hay quienes se juegan la vida para salvar otras. Después quedan las familias, las llamadas, las identificaciones, los trámites, las indemnizaciones y una ausencia que no se resuelve cuando se marchan los equipos de emergencia. El accidente desaparece de los titulares, pero el dolor continúa. A veces, precisamente entonces, comienza la parte más difícil. Y es aquí donde conviene hacerse algunas preguntas.
Porque cuando pasa la urgencia y llega el momento de las ceremonias, aparecen también quienes no estuvieron en el lugar del accidente, quienes no participaron en las tareas de ayuda ni tuvieron que enfrentarse a las primeras horas de angustia. Sin embargo, a la hora de aprovechar los primeros momentos de atención pública, no suelen quedarse atrás. Llegan las autoridades eclesiásticas, los báculos, las sotanas, las declaraciones solemnes y todo ese oropel ceremonial que parece imprescindible para algunos.
¿Quién les ha concedido ese protagonismo? ¿Quién ha decidido que la Iglesia católica debe representar el dolor de toda la sociedad? La convocatoria anunciada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, para celebrar una ceremonia en recuerdo de las víctimas de un accidente ferroviario vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que no deberíamos dejar pasar. Está prevista la asistencia de los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, además de otros prelados, y se ha confirmado la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello. La población tiene derecho a recordar a sus muertos, acompañar a las familias y expresar su solidaridad sin que ninguna institución religiosa se apropie de ese sentimiento colectivo. Sin embargo, la Iglesia católica vuelve a aprovechar estas tragedias para reforzar su presencia pública, ocupar un espacio institucional que no le corresponde y proyectar una influencia que la sociedad no le ha otorgado. No estamos ante una cuestión de libertad religiosa, sino ante el empeño de la jerarquía eclesiástica por situarse en el centro de un dolor que pertenece a todos. Las víctimas no son patrimonio de la Iglesia, ni sus familias tienen por qué aceptar que su memoria quede envuelta en una ceremonia confesional.
¿Quién representa a las víctimas?
El problema no es que un obispo celebre una misa. El problema aparece cuando la jerarquía eclesiástica ocupa, casi por inercia, el centro de las ceremonias públicas y termina proyectando la imagen de que su presencia representa a toda la ciudadanía. Parece que todavía hay instituciones que consideran natural que, cuando ocurre una desgracia de grandes dimensiones, la Iglesia tenga reservado su lugar de honor. Pero ¿por qué? La representación pública no se hereda, no se obtiene por antigüedad ni se consigue simplemente porque una institución esté acostumbrada a ocupar determinados espacios. Mucho menos puede darse por supuesta cuando hablamos de personas fallecidas y de familias que atraviesan una situación dramática. Las familias son las que deben decidir cómo quieren despedir a sus seres queridos. Algunas encontrarán consuelo en una misa, otras preferirán una ceremonia civil, un homenaje íntimo o ninguna celebración religiosa. Todas esas decisiones merecen el mismo respeto.
Lo que no resulta aceptable es que una institución religiosa se adelante a cualquier decisión colectiva y se atribuya un papel que nadie le ha otorgado. Las víctimas no son propiedad de la Iglesia, ni su memoria constituye un territorio reservado a la jerarquía católica. Y conviene decirlo sin rodeos: los fieles pueden rezar en sus templos, los sacerdotes pueden celebrar sus funerales y los obispos pueden organizar sus actos religiosos. Lo que no pueden reclamar es la tutela del dolor de quienes no comparten su fe. Las víctimas no pertenecen al altar.
España es un Estado aconfesional, no es una diócesis
El artículo 16.3 de la Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Está bastante claro, aunque algunos responsables públicos parecen tener dificultades para entenderlo. España no es una diócesis ni una prolongación de la Conferencia Episcopal. Aunque, viendo determinadas ceremonias oficiales, a veces cueste distinguirlo. Arrastramos demasiadas inercias del nacionalcatolicismo. Durante la dictadura franquista, la Iglesia fue uno de los pilares ideológicos del régimen. Altar y poder político compartían ceremonias, símbolos y privilegios. La democracia acabó con aquella confesionalidad sobre el papel, pero algunos parecen empeñados en recuperar parte de aquella escenografía. Y no precisamente por nostalgia artística. Desde luego que España no es una prolongación del nacionalcatolicismo, aunque hay quienes parecen trabajar para que lo parezca. La Corona a la cabeza, con la cruz siempre a mano y la jerarquía eclesiástica ocupando su lugar de honor. Basta mirar nuestro escudo: la cruz corona el conjunto, como si hasta la simbología oficial quisiera recordarnos quién debe estar por encima de quién. Después nos hablan de aconfesionalidad y modernidad democrática. ¡Qué cosas! Cooperar con las confesiones religiosas no significa concederles privilegios ni entregarles la representación simbólica de la ciudadanía. La tradición tampoco convierte un privilegio en un derecho. Una democracia no necesita bendiciones institucionales ni tutelas episcopales. Necesita instituciones civiles que representen a todos, creyentes y no creyentes, sin arrodillarse ante ninguna autoridad religiosa.
Un homenaje público no es una ceremonia confesional
Una misa es un acto religioso y un homenaje institucional es un acto civil. No hay que confundirlos ni buscar justificaciones para mezclarlos. Cuando una tragedia golpea a la sociedad, las instituciones públicas tienen la obligación de organizar una respuesta que represente a la ciudadanía, no de recurrir a la liturgia de una confesión para vestir de solemnidad el dolor colectivo. El silencio, la lectura de los nombres de las víctimas, las flores o las palabras de sus familiares tienen suficiente dignidad y significado. No necesitan sacerdotes, bendiciones ni símbolos religiosos para expresar respeto. La solemnidad no depende de una sotana ni la memoria necesita pasar por un altar. Y conviene desmontar de una vez ese argumento interesado de que organizar homenajes civiles significa excluir a los católicos. No. Significa impedir que las creencias de una parte se impongan como representación institucional de todos.
Los católicos pueden practicar su religión, celebrar sus misas y organizar cuantos actos confesionales deseen. Lo que no pueden exigir es que las instituciones públicas conviertan sus ritos en ceremonias oficiales. El Estado no está para favorecer, representar ni promocionar ninguna religión. La cuestión no es cómo incorporar a la Iglesia a un homenaje civil, sino por qué seguimos considerando que su presencia debe darse por descontada. Un Estado laico no tiene que pedir permiso a ninguna autoridad religiosa para organizar sus propios actos ni necesita recurrir a sus ceremonias para expresar el dolor de la sociedad. Después de tantos años de democracia, ya va siendo hora de que las instituciones públicas dejen de comportarse como si todavía necesitaran la bendición eclesiástica para cumplir con sus obligaciones.
Las víctimas no son una franquicia espiritual de la iglesia
Hay algo especialmente desagradable en la utilización del sufrimiento ajeno para reforzar la presencia pública de una institución. Las tragedias no deberían convertirse en escaparates de prestigio, oportunidades para ganar visibilidad ni escenarios donde algunos puedan exhibir su autoridad. Los primeros en llegar fueron los vecinos, los sanitarios, los bomberos, los policías y los equipos de emergencia. También quienes, sin obligación profesional alguna, hicieron lo que pudieron para ayudar. A muchos de esos ciudadanos no se les verá después en las fotografías oficiales, ni ocuparán las primeras filas de las ceremonias. Tampoco lo necesitan. Otros, en cambio, aparecen cuando el momento más duro ya ha pasado. No se les vio en el accidente, no estuvieron sacando heridos ni acompañando a las familias durante las primeras horas. Pero cuando llega la ocasión de ocupar los primeros puestos, hacerse visibles y rodearse de solemnidad, algunos parecen encontrar siempre un sitio reservado. La presencia de la jerarquía católica en estas ceremonias no es un detalle inocente ni una simple cuestión de tradición. Cada vez que una autoridad religiosa ocupa el centro de un acto institucional, se refuerza una imagen de autoridad y representación que no le corresponde en un Estado aconfesional. El dolor de las víctimas no puede servir para perpetuar privilegios religiosos ni para mantener a la Iglesia en un lugar de influencia pública que debería haber quedado atrás.
La memoria colectiva pertenece a la ciudadanía, no a una institución que durante demasiado tiempo ha confundido su influencia histórica con un derecho a estar por encima de las instituciones civiles. Ese es el oropel que convendría apartar. Porque el sufrimiento de las familias no necesita escenografías de poder, ni jerarquías que compitan por ocupar el centro de la fotografía. La Iglesia puede acompañar a sus fieles, puede rezar por quienes han fallecido y ofrecer consuelo a quienes lo soliciten, es una libertad que debe respetarse, pero no puede utilizar su historia, su capacidad de convocatoria o su influencia institucional para convertir una ceremonia religiosa en la representación oficial del dolor de todos. Lo que necesitamos es más Estado social y menos beneficencia, más derechos y menos caridad. Servicios públicos fuertes, solidaridad colectiva y protección para quienes atraviesan una tragedia. Frente a las políticas neoliberales que recortan, privatizan y debilitan lo común, y frente a quienes confunden sus convicciones ultracatólicas con la gestión de lo público, hay que reivindicar una sociedad que no abandone a nadie. La solidaridad no se predica desde un altar: se garantiza con derechos, recursos públicos y justicia social. Ni la solidaridad ni el duelo tienen propietario.
España es un Estado aconfesional. Esa condición debe notarse cuando se toman decisiones, cuando se organizan homenajes y cuando las instituciones representan a la ciudadanía. No basta con proclamarla en la Constitución si después se sigue actuando como si la jerarquía católica tuviera un derecho adquirido sobre los grandes acontecimientos colectivos. Las víctimas no necesitan que nadie hable en su nombre sin haber sido elegido para hacerlo. Sus familias necesitan respeto, atención y unas instituciones civiles que estén a su lado, no que deleguen en otros una responsabilidad que les corresponde.
El dolor no tiene religión y la memoria de las víctimas no pertenece a ninguna Iglesia ni puede convertirse en escaparate de quienes buscan protagonismo cuando las cámaras aparecen. Lo que necesitan las familias es respeto, atención y unas instituciones públicas que estén a su lado, garanticen sus derechos y acompañen a toda la sociedad sin privilegios religiosos ni distinción de creencias.
Pedro María Fernández Sandino. Euskadi Laikoa
