El jesuita José María Martín Patino, secretario del cardenal Tarancón, no consiguió que la CEE publicara una nota de condena en las primeras horas
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A punto de que sea desclasificados documentos relativos al 23F que tal vez puedan resolver alguna de las dudas que se planteaban en la entrada del blog cuando se cumplían 40 años, recordamos esa entrada a propósito de lo que también recoge hoy, cuando se cumplen 45, en Vida Nueva a partir de lo relatado por el jesuita Martín Patino
Fuentes: Vida Nueva (Miguel Ángel Malavia) | Asturias Laica (2021), 24 de febrero de 2026
Parece que fue ayer, pero han pasado ya 45 años desde el 23 de febrero de 1981 en el que un intento de golpe de Estado nos hizo temer que regresaran las horas más siniestras de la dictadura de Franco. Desde entonces, aquel esperpento digno de Valle-Inclán se ha analizado desde múltiples ópticas. ¿Qué hicieron los representantes de la Iglesia en aquella jornada infausta?
En una entrevista en ‘El País’, ‘Los obispos fueron cómplices de hecho del golpe del 23-F’, el jesuita José María Martín Patino, señalaría que no consiguió que la CEE publicara una nota de condena en las primeras horas. Fue en el 20º aniversario del 23-F cuando, cuestionado por la periodista María Antonia Iglesias, el que fuera secretario del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, recordaba con mucho pesar esa jornada.
Es difícil saber a ciencia cierta cómo vivió la jerarquía eclesiástica el día del golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. Un día, por cierto, que en Añastro también era señalado, pues Tarancón acababa su mandato y los obispos elegían a su sucesor, optando, en esa Plenaria, por el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, y existen indicios dan a entender que los obispos no eran del todo ajenos a lo que estaba a punto de pasar.
Unos deseaban expresar su respaldo a la Constitución, otros preferían no mencionarla y dejar la frase en un genérico respeto a la ley. La división hizo imposible tomar una decisión urgente en aquellos momentos dramáticos
El episcopado había apoyado, en líneas generales, la Transición. A los partidarios del aperturismo del cardenal Tarancón podía disgustarles que se hablara, por ejemplo, de legalizar el divorcio, pero creían que el Régimen constitucional suponía un progreso para el país. Ese no era el parecer de una minoría de recalcitrantes, con Marcelo González, arzobispo de Toledo y primado de España, a la cabeza. A Marcelo le molestaba profundamente que la Carta Magna no mencionara a Dios por ninguna parte.
Es difícil reconstruir con exactitud cómo vivió la jerarquía eclesiástica el día del golpe de Estado. Los detalles difieren en función de la fuente que consultemos. Está claro, eso sí, que la Conferencia Episcopal se había reunido, precisamente en aquellos momentos, para elegir al sucesor de Tarancón, que sería el obispo de Oviedo Gabino Díaz Merchán. Roberto Muñoz Bolaños, en su reciente libro El 23F y los otros golpes de estado de la Transición (Espasa, 2021), cuenta que, nada más empezar la reunión, sucedió algo extraño. Uno de los obispos, cuyo nombre desconocemos, advirtió a sus colegas que debían permanecer “atentos a la radio, pues es posible que se produzcan importantes acontecimientos”. El comentario da a entender, de forma clara, que un sector de la jerarquía no era del todo ajeno a lo que estaba a punto de pasar.
Según Muñoz Bolaños, tras el asalto al Congreso, los miembros de la Conferencia Episcopal permanecieron atentos a las noticias durante dos horas hasta que dieron por concluido su encuentro hacia las ocho y media de la noche. Y así, es como recuerda Martín Patino, “lo que pasó es que, cuando los obispos oyeron por la radio que Tejero había tomado el Congreso, siguieron su reunión habitual, hasta las 20:30 horas. Luego, se disolvió la reunión y algunos no durmieron en sus domicilios habituales”.
Juan Rubio, antiguo director de la revista Vida Nueva, indica que, en la tarde del 23F, muchos obispos se marcharon. Tarancón tuvo que irse a su domicilio porque su hermana se había quedado sola. Entre los que permanecían reunidos, un sector, el más joven, procuró entonces redactar un comunicado.
¿Qué sucedió entonces? Los más progresistas chocaron con los más conservadores. Unos deseaban expresar su respaldo a la Constitución, otros preferían no mencionarla y dejar la frase en un genérico respeto a la ley. La división hizo imposible tomar una decisión urgente en aquellos momentos dramáticos. Esta explicación parece más plausible que la proporcionada por el periodista Abel Hernández: la inacción habría sido consecuencia de la existencia de un solo teléfono a mano.
Justo ahí comenzó la pesadilla para el jesuita Martín Patino, que, infructuosamente señala en la entrevista citada, trató de que los prelados, de un modo colegiado, publicaran en esas horas inciertas un comunicado de repulsa del golpe y de apoyo sin ambages a la democracia. Algo que fue incapaz de lograr, para su frustración. De hecho, al rememorarlo, admitió que “me da un poco de vergüenza hablar de esa noche, porque fue la peor noche que yo he pasado como vicario de la Iglesia de Madrid”. Puesto que “enseguida se vio lo que pasaba, los medios de comunicación pedían una nota, una declaración del Episcopado. Yo me lancé a buscar esa nota y no encontré a los obispos, a ninguno de los que buscaba… Al final, encontré a uno que me dijo: ‘Es mejor que la nota la mandes tú solo por tu cuenta’. Y yo fui cobarde, y no lancé la nota, porque no tenía el permiso de mis superiores para hacerlo”.
Desesperado, buscó a quien era “mi cardenal”, Tarancón, aunque se encontró con “no durmió aquella noche en el palacio”. Con todo, aunque al final sí “hablé con él”, su respuesta no era la que buscaba: “Me dijo que eso lo hacían los obispos al día siguiente”.
Finalmente, el comunicado episcopal llegó a las siete de la mañana del día 24, más de cinco horas después de que el Rey hubiera hablado y fuera evidente que el golpe había fracasado… Como lamenta Martín Patino, aunque es cierto que “todos estábamos atemorizados”, la realidad es que, “cuando se pronunciaron los obispos, llegaron tarde. Fue inútil porque ya no defendían la Constitución: la Constitución había sido ya defendida por el pueblo y por los medios de comunicación, sobre todo”.
Echando la vista atrás, el jesuita admitía que “yo todavía tengo remordimientos y sentimiento de culpa, pero la verdad es que aquella noche me la pasé buscando gente que me ayudara a lograr que quienes tenían autoridad en la Iglesia hicieran aquella nota. Yo no conseguí hablar más que con el cardenal Jubany, que fue quien me dijo: ‘¿Por qué no lanzas tú solo la nota, como cosa tuya?’. Pero no era yo, era el Episcopado el que tenía que haber dicho algo. Y no lo conseguí”.
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El 28 de febrero de 1981, ya con Díaz Merchán como nuevo presidente de los obispos, la Plenaria de la CEE se cerraba con un comunicado más amplio que la breve nota del día 24. En ella, los pastores argumentaban que “es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones. Ello exige de los legisladores y gobernantes un claro sentido del bien común, un recto ejercicio de la autoridad y una solidaridad con el pueblo a la escucha fiel de sus aspiraciones”.
Sus palabras, sin embargo, se dieron a conocer cuando todo había pasado ya. Su declaración quedó, de esta forma, «poco heroica». El historiador Santos Juliá (1940-2019) criticaría a los prelados por mencionar los “graves acontecimientos” sin especificar a qué se referían y criticaba que la Iglesia llegó tarde a la cita con la historia. A las 10 de la noche del día anterior, cuando el Ministerio de la Presidencia del Gobierno urgía a los obispos para que se posicionaran, unas palabras sí hubieran servido para algo.
Dentro del ala más conservadora de la Iglesia, tuvo particular importancia la figura de Emilio Benavent, el Vicario General Castrense. Por lo que sabemos, ya en los años setenta manifestó su incomodidad con la naciente democracia. Afirmó, durante una entrevista, que el ejército iba a permanecer en los cuarteles… a no ser que cundiera la anarquía y la convivencia se viera amenazada. Esta justificación de un hipotético golpe suscitó, cosa lógica, un profundo malestar en el gobierno de Suárez. Más tarde, parece ser que acogió, en su domicilio, a los integrantes de una revista clandestina que promovía una solución de fuerza. Todo ello explicaría su prematura dimisión, en 1982, antes de cumplir la edad reglamentaria. Suena verosímil que el entonces Ministro de Defensa, Alberto Oliart, le pidiera su renuncia para evitar el escándalo de su implicación en los juicios a los protagonistas del tejerazo.
Sería interesante, por otro lado, conocer al detalle la actuación de la Santa Sede. ¿Sabía el Vaticano que se preparaba una intentona, tal como afirmaría Santiago Carrillo? La Santa Sede recibió presiones, a través de “canales subterráneos”, para que se pronunciara a favor de Tejero. La Secretaría de Estado, por suerte, no se dignó a tomarlas en consideración. Nos falta, de todas formas, un estudio en profundidad que solo será posible cuando se desclasifiquen los documentos que aún duermen en los archivos.
