Las autoridades libias consideran que los derechos humanos son «conceptos europeos» y pretenden prohibir la interacción entre hombres y mujeres en cafeterías, así como la recuperación del tutor masculino para que las mujeres no viajen solas, en un paso atrás a la era del régimen de Gadafi
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Fuentes: El País (Juan Carlos Sanz) / Público, 15 de noviembre de 2024
Libia, el país norteafricano que nada en gas y petróleo y es punto de tránsito clave para el control de los flujos migratorios hacia Europa, sigue fracturado y azotado por la violencia de grupos armados 13 años después del derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi. A punto de convertirse en un Estado fallido, las cosas aún pueden ir a peor. Uno de sus hombres fuertes, el señor de la guerra y ministro del Interior en funciones, Emad Trabelsi, ha anunciado la creación de una policía de la moralidad para vigilar la imposición del velo islámico a todas las mujeres a partir de los nueve años.
El polémico ministro pertenece al Gobierno de Unidad Nacional, que ejerce su poder en Trípoli y el oeste del país, reconocido por la comunidad internacional. El primer ministro, el rico empresario Abdelhamid Dabeiba, está respaldado directamente por Turquía y Qatar. Desde Bengasi, el mariscal Jalifa Hafter, un militar opuesto a Gadafi que se exilió en EE UU, controla el este de Libia y los principales yacimientos de hidrocarburos con apoyo de Egipto y Emiratos Árabes Unidos.
Asimismo, la autoridad libia expuso en una rueda de prensa el pasado miércoles que esta propuesta irá acompañada de otras como prohibir la interacción entre hombres y mujeres en cafeterías, detener la importación de algunos tipos de ropa que consideran inapropiados, o establecer la figura del tutor masculino, para que las mujeres no viajen solas. La estricta interpretación de la sharía o ley religiosa que pretende aplicar el gobernante conlleva la prohibición de que las libias viajen sin la compañía de un guardián masculino y de la presencia conjunta de hombres y mujeres en cafés y resto de espacios públicos.
Su departamento insiste en que es una medida necesaria para, en sus palabras, reforzar los valores religiosos y tradicionales de la sociedad local.
Según las declaraciones de Trabelsi, las libertades personales y los derechos humanos son «conceptos europeos» que «violan las tradiciones libias y la religión islámica». Matizó que, quienes deseen disfrutar de esos derechos, deberán abandonar el país.
Así, los agentes de la brigada de la moral estarían encargados de vigilar tanto las calles como las redes sociales con el fin de detener y procesar a las personas que supuestamente incumplen «los valores de la sociedad libia». Estas restricciones se suman a la iniciativa de la Autoridad General de Asuntos Islámicos que en 2023 puso en marcha un programa de «Guardianes de la Virtud» para combatir las «desviaciones religiosas, intelectuales y morales».
El sistema de tutela masculina en Libia ya obliga a las mujeres a buscar la autorización de un tutor, conocido como mahram, que puede ser su padre, hermano o hijo para poder casarse o viajar. De hecho, la Agencia de Seguridad Interna (ISA) introdujo el año pasado un cuestionario obligatorio para que justificasen su desplazamiento sin la presencia de su tutor, enfrentándose al acoso e intimidación de las fuerzas de seguridad en los aeropuertos.
Las medidas para reinstalar “la moralidad y la decencia” anunciadas la semana pasada por el ministro del Interior libio afectan a la vestimenta de las mujeres y su relación con los hombres. Trabelsi ha amenazado con penas de cárcel a las parejas no casadas que sean sorprendidas en público. También ha advertido de que serán cerrados los cafés y demás establecimientos, como salas para fumar en cachimba o peluquerías, en los que se “observen comportamientos inadecuados, como sentarse juntos en un local”. “No hay espacio para la libertad personal en Libia”, llegó a advertir el ministro al adelantar la reinstauración de la policía especializada en vestimenta y buenas costumbres. No es “aceptable”, enfatizó, que una mujer se vista de forma indecente y no porte el hiyab o pañuelo islámico. También recomendó que abandonen el país quienes quieran comportarse de otro modo.
Incumplimiento de los derechos humanos
Diversas organizaciones de la sociedad civil han protestado en favor de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha rechazado la posible instauración de estas propuestas que considera que «no sólo son preocupantes, sino que también constituyen una violación del derecho internacional«.
Desde la sociedad libia, el jurista Mohamed Abdel Salam niega a Trabelsi la potestad de enmendar la legislación desde el poder ejecutivo, al “atentar contra la libertad personal” y vulnerar normas fundamentales, según informa Efe. Como la mayoría de los países islámicos, el texto constitucional libio establece la sharía como principio informador. Como recalca la abogada libia Nuria al Taher, la Constitución garantiza el derecho a no sufrir discriminación por encima de la religión, por lo que no cabe restringir derechos “bajo el pretexto de una apariencia confesional”.
En el mismo sentido, el director de la Corte Internacional de Justicia para Oriente Medio y Norte de África, Said Bernabia, ha denunciado: «En lugar de cumplir con las obligaciones internacionales las autoridades prefieren institucionalizar la discriminación de género, violar los derechos humanos de las mujeres y perpetuar el prejuicio contra las mujeres y niñas«.
También explicó que esta medida busca excluir a las libias de los espacios públicos y de la vida pública y confinarlas por la fuerza a la esfera privada, lo que supone «una ofensiva a gran escala» contra los derechos humanos de sus ciudadanas, incluidos sus derechos a la igualdad, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de expresión y de movimiento entre otros.
Por las mismas razones, la ONG libia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido al fiscal general que suspenda la creación del cuerpo policial. La dirigente política Layla Ben Jalifa, candidata en las fallidas elecciones presidenciales de 2021, ha acusado al ministro Trabelsi de intentar ganarse a de los sectores más integristas ante futuros comicios, mediante la imposición de medidas restrictivas para las mujeres. En diciembre de 2021 estaban previstas unas elecciones presidenciales y legislativas que finalmente quedaron aplazadas. Casi tres años después, no hay ninguna fecha prevista para las votaciones previstas en los Acuerdos de Sjirat, suscritos por las partes enfrentadas en esa población de las afueras de Rabat con la mediación de la comunidad internacional.
La Comisión Internacional de Juristas también ha cuestionado la creación de una brigada policial destinada a “proteger los valores y tradiciones”. Esta misma organización recuerda que Libia ya encomendó en 2023 a la Autoridad General de Asuntos Islámicos un programa de “guardianes de la virtud” contra “desviaciones religiosas y morales”.
Permiso escrito de un ‘guardián’
Ante las prohibiciones adelantadas por el ministro del Interior, entre las que se incluye el veto a que las mujeres puedan viajar al extranjero sin el permiso escrito de su guardián —sea padre, marido, hijo o hermano —, ONG como Human Rights Watch han denunciado que suponen una “flagrante violación de los derechos de las mujeres y niñas libias, que carece de base legal”. Desde el año pasado, las libias deben rellenar un formulario en las fronteras para justificar que pueden viajar al exterior sin autorización familiar masculina. Libia ha suscrito numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Protocolo de Derechos de las Mujeres en África, que obliga a los Estados miembros a poner fin a toda forma de discriminación y a la abolición de las restricciones de la libertad de movimiento de las mujeres.
“La amenaza del ministro del Interior supone una peligrosa escalada en la ya de por sí asfixiante represión que sufren quienes no se someten a las nomas sociales dominantes en Libia”, sostiene Bassam al Kantar, investigador de Amnistía Internacional para el país magrebí. El embajador de la UE en Libia, Nicola Orlando, también ha recordado al ministro Trabelsi, según informa Efe, que los acuerdos de asociación de Bruselas con el país magrebí “están firmemente arraigados en el respeto a los derechos humanos universales”.
