Católicos en la república: de la aceptación a la Santa Cruzada

diciembre 25, 2021

Al menos al comienzo, buena parte de los católicos acogieron con naturalidad, incluso con esperanza, la llegada de la II República, tras años de corrupción, ‘dictablandas’ y una brutal crisis económica y social

Alcalá Zamora (presidente de la república) conversa con monseñor Tedeschini (izquierda). A la derecha, Portela Valladares (presidente del Gobierno) junto al cardenal Francisco Vidal y Barraquer. Sede de la Nunciatura, 1935

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Jesús Bastante, El Diario, Religión Digital, 25 de diciembre de 2021

«La República es la forma de gobierno ‘de hecho’ en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber es acatarla. (…) Y no le acataremos pasivamente… le acataremos de un modo leal, activo, poniendo cuanto podamos para ayudarle en su cometido». Con estas palabras saludaba al nuevo régimen el editorial del 15 de abril de 1931 de El Debate. El diario católico, fundado por Ángel Herrera Oria, asumía el resultado electoral, con la consiguiente huida de Alfonso XIII.

Y es que, al menos al comienzo, buena parte de los católicos acogieron con naturalidad, incluso con esperanza, la llegada de la II República, tras años de corrupción, ‘dictablandas’ y una brutal crisis económica y social. Más tarde llegaron decisiones polémicas, como la expulsión de los jesuitas, y algaradas que llevaron a las primeras quemas de iglesias, la revolución de Asturias… y el apoyo decidido del Episcopado (y de Roma) al bando sublevado en el golpe de Estado de julio de 1936. Pero no se puede obviar —algo que se empeñan en hacer historiadores conservadores— que la Iglesia asumió con normalidad el cambio de régimen y que, incluso, muchos católicos se sumaron a la esperanza que surgió el 14 de abril de 1931. 

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La Iglesia y la Segunda República

octubre 15, 2021

Fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país».

«Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero»,
1-VII-1937

Cardenal Gomá y Millán Astray en la celebración de la toma de Tarragona por Franco, Salamanca / EFE

Julián Casanova, InfoLibre, 15 de octubre de 2021

La Iglesia vivió la llegada de la República como una auténtica desgracia. De golpe perdió al rey, su fiel protector, y tuvo que afrontar una oleada de anticlericalismo en el parlamento y en la calle. «Hemos ya entrado en el vórtice de la tormenta», le decía Isidro Gomá, entonces obispo de Tarazona, al cardenal de Tarragona Francesc Vidal i Barraquer en una carta fechada el 15 de abril de 1931, al día siguiente de proclamarse la República, cuando a nadie le había dado todavía tiempo a «torcer bruscamente» el sentido religioso de la historia de España.

Con la llegada de la República salió también a la luz una enconada lucha, de fuerte carga emocional, por los símbolos religiosos. La Marcha real, que durante la monarquía se escuchaba siempre en la misa en el momento de la consagración, pasó a considerarse una de las señas de identidad de la reacción, una provocación, igual que las procesiones. La retirada de los crucifijos en las escuelas provocó lloros en muchos pueblos del norte de España. Otros protestaron por la supresión de las procesiones. Así de estrecha era la identificación entre el orden y la religión, la monarquía y la política autoritaria de derechas.

Se echó la culpa a la República de perseguir obsesivamente a la Iglesia y a los católicos cuando, en realidad, el conflicto era de largo alcance y hundía sus raíces en las décadas anteriores. No es que España hubiera dejado de ser católica, por emplear la gráfica expresión de Manuel Azaña, con la que quería decir que la Iglesia ya no orientaba la cultura española, que hacía tiempo que había dado la espalda a las clases trabajadoras. Es que había una España muy católica, otra no tanto y otra muy anticatólica. Había más catolicismo en el norte que en el sur, en los propietarios que en los desposeídos, en las mujeres que en los hombres. La mayoría de los católicos eran antisocialistas y gente de orden. A la izquierda, republicana u obrera, se la asociaba con el anticlericalismo. Nada tiene de extraño que la proclamación de la República trajera días de fiesta para unos y de luto para otros.

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Así protegió la República el patrimonio histórico de España

abril 25, 2021

‘Público’ rescata los debates parlamentarios de la primavera de 1933 que cristalizaron en la ley que certificó como bienes nacionales gran parte del legado arquitectónico de naturaleza religiosa.

PrticodelaGloria

Pórtico de la Gloria

A. Moreno, Público, 25 de abril de 2021

En la primavera de 1933 fue aprobada la ley que quizás más convulsionó los cimientos de la sociedad española. En cumplimiento de la Constitución de 1931, la primera en la historia de España que reconocía la laicidad del Estado y garantizaba la plena libertad de conciencia, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas modificó de raíz dos cuestiones básicas que afectaban a uno de los pilares del antiguo régimen: restringió el acceso a la enseñanza de la Iglesia católica y consideró como bienes nacionales el inmenso patrimonio histórico de carácter religioso de España.

Por primera vez, España procedía a la separación oficial entre Estado y religión, y quebraba la secular tradición que vinculaba al poder político con el catolicismo como si de un mismo cuerpo se tratara. La arquitectura jurídica sobre la que el Gobierno republicano cimentó la nacionalización del patrimonio histórico religioso se apoyó en los antecedentes de México, pero, sobre todo, de Francia y su revolución liberal. Los debates parlamentarios fueron encendidos, aunque esclarecedores de las dos corrientes de pensamiento que vertebraban España desde el siglo XIX.

Uno de los primeros intervinientes, reputado experto en Derecho Hipotecario y miembro de la comisión jurídica que alumbró la ley, Luis Fernández Clérigo, definió pronto en el Congreso la posición del Gobierno: «Los bienes eclesiásticos no son propiedad del Estado. Son bienes de la nación, porque todo aquello que estaba destinado a un servicio público, que es creación del esfuerzo nacional, son bienes de la nación». A juicio de los proponentes, la religión católica, culto oficial del Estado desde la edad media, había representado, de facto, un servicio público dispensado a los ciudadanos por el poder político y financiado a través del sistema fiscal de obligado cumplimiento.

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Más colegios, fin de los privilegios eclesiásticos y voto para todas: los adelantos democráticos de la II República

abril 14, 2021

La Segunda República supuso una ruptura del Estado con la Iglesia, a la que retiró las ayudas públicas y sometió «a todas las leyes tributarias del país»

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Una multitud celebra en las calles de Madrid la proclamación de la II República. EFE

Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 14 de abril de 2021

Martes, 14 de abril de 1931. La luz todavía no ha empezado a iluminar la localidad vasca de Éibar, pero sus vecinos ya se encuentran concentrados en la plaza Alfonso XIII, frente a la Casa Consistorial. Lo hacen al calor de los rumores que han ido llegando al municipio de la mano de los primeros transportistas de pescado fresco que cubrían las diferentes rutas que conectaban San Sebastián con Madrid, Barcelona o Bilbao. El reloj se acerca a las 06.00 horas de la mañana y los concejales electos en los comicios municipales del domingo, los que precipitaron el derrumbe monárquico, acuerdan por unanimidad en el Ayuntamiento la proclamación de la Segunda República. Acto seguido, se iza la tricolor en el balcón central. Esa enseña roja, amarilla y morada que una hora y media después se cuelga en Sahagún (León) y que con el paso de las horas se va dejando ver en cada vez más edificios oficiales de toda la geografía española. A primera hora de la tarde, el fervor republicano se ha adueñado de las calles de Madrid. El rey emprende de inmediato el camino al exilio.

Noventa años después, la Segunda República no es un acontecimiento histórico que perviva en el imaginario colectivo como uno de los más importantes del siglo XX en nuestro país. De hecho, en 2008 sólo el 2,8% de los ciudadanos le daban gran relevancia, por detrás de la Guerra Civil, la Transición, la dictadura o los atentados del 11M. Eso sí, casi cuatro de cada diez españoles se mostraban de acuerdo con la afirmación de que aquel periodo fue la primera experiencia democrática en España. «Fue la culminación de un proceso de democratización profundo y significativo, una genuina revolución política que permitió que la ciudadanía se apropiase de la capacidad de decisión, que modernizó el país y que buscaba una mayor equidad en las relaciones sociales, tanto en el campo como en las ciudades», resume al otro lado del teléfono Ángel Duarte, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba. Los avances, dice, fueron significativos. Algunos de ellos tan profundos que terminaron poniendo a los principales poderes fácticos en pie de guerra.

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La escuela y la religión

diciembre 1, 2020

«Reconozcamos que, sin la excusa católica, el movimiento de la escuela concertada no pasaría de ser una cosa de «niños pijos», carente de asidero lógico alguno. Nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas»

Marcelino Flórez, (La Opinión de los socios y socias), El Diario,
1 de diciembre de 2020

El conflicto que vive España en torno a la escuela sólo es comprensible si se tiene en cuenta el factor católico. Sin el lobby católico no existirían ni el artículo 16 ni el artículo 27 de la Constitución, tampoco tendríamos un pacto internacional específico para una religión. Cada día que pasa, este factor se hace más anacrónico, pero sigue ahí inmutable y sirve para articular otros intereses, que van más allá del puro interés económico, con ser éste muy importante. La alianza de los poderes conservadores con el catolicismo español más que en el dinero, pone la vista en la formación ideológica de la ciudadanía bajo los determinados y particularísimos valores del sistema económico vigente: competencia entre personas y entidades, individualismo extremo, libertad personal sin límites sociales. Pero dejaremos esto a un lado y nos limitaremos a tratar de descubrir dónde nace y en qué se fundamenta ese factor católico.

Para comprender lo que está pasando hoy con la educación en España, tenemos que retrotraernos al Concilio Vaticano I de 1869-1870, el que decretó la infalibilidad del papado y condenó los «errores modernos» del pensamiento, recogidos en el Syllabus. El teólogo holandés Edward Schilebeeckx calificó a ese concilio como la «asamblea de una jeraquía feudal en un mundo moderno»; y pone en boca del Papa convocante del concilio, Pío IX, unas palabras que niegan la libertad de conciencia, algo que había reconocido siempre la tradición cristiana: » De esta repugnante fuente del indiferentismo mana la afirmación absurda y errada o, más concretamente, la locura de que todos los hombres poseen libertad de conciencia y pueden reclamarla. El camino a este pernicioso error lo ha preparado la exigencia de completa e inmoderada libertad de opinión, que se propaga furiosa en la dirección de la aniquilación de lo sagrado y lo revelado».

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«Hubo un breve periodo de la historia de España, allá por 1931-1936, en que al Estado no le hubieran colado las inmatriculaciones», Ángel Munárriz

septiembre 11, 2018

Un tweet de Ángel Munárriz (11 de septiembre de 2018),  nos recordaba y nos remitía a un período de tiempo en que el Gobierno dictaba una Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas (1933) que habrían hecho imposible la situación que actualmente estamos viviendo con las inmatriculaciones de la iglesia católica.

TÍTULO III:

Del régimen de bienes de las Confesiones religiosas:  Pertenecen a la propiedad pública nacional los templos de toda clase y sus edificios anexos, los palacios episcopales y casas rectorales, con sus huertas anexas o no, seminarios, monasterios y demás edificaciones destinadas al servicio del culto católico o de sus ministros. La misma condición tendrán los muebles, ornamentos, imágenes, cuadros, vasos, joyas, telas y demás objetos de esta clase instalados en aquéllos y destinados expresa y permanentemente al culto católico, a su esplendor o a las necesidades relacionadas directamente con él. (Artículo 11º)

Ley promulgada relativa a Confesiones y Congregaciones religiosas. Gaceta, 3 de junio de 1933 (PDF)

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