La Coordinadora Recuperando celebró en Zaragoza un Encuentro de Municipios y cargos públicos y su III Asamblea General anual

noviembre 11, 2018

Zaragoza, 10 de noviembre de 2018

Este fin de semana en Zaragoza la Coordinadora Recuperando convocaba un Encuentro de Municipios y Cargos Públicos por la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica (que contó con la presencia de 50 cargos públicos de 11 comunidades) y su III Asamblea anual.

No faltó a la cita el Grupo Inmatriculaciones Asturias, -en el que se integra Asturias Laica-: Asistió José María Rosell, coordinador del Grupo y miembro de la ejecutiva de Asturias Laica.

Fruto del encuentro de Municipios y Cargos públicos es la intención de formar una red para trabajar en la recuperación de los bienes inmatriculados. Por su parte, en la III Asamblea General  se hizo un balance de la actuación en 2018, se fijaron los objetivos estratégicos para 2019 y, se recibió a distintos colectivos que se integrarán en la Coordinadora.

Fuente : Coordinadora Recuperando, 11 de noviembre de 2018
Nota de prensa

Encuentro de Municipios y Cargos Públicos por la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica

Cargos públicos y colectivos ciudadanos de todo el Estado español han participado este fin de semana en Zaragoza en un encuentro institucional para unificar una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia y buscar los mecanismos jurídicos y legislativos para recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica. La reunión ha congregado a casi 50 representantes públicos de cerca de treinta municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco, que han acordado organizarse en red, en lo que constituye la primera acción de esta naturaleza desde que el debate de las inmatriculaciones irrumpió hace ya una década en la opinión pública. Lee el resto de esta entrada »


Oviedo reactiva el plan para cobrar impuestos a la Iglesia

noviembre 11, 2018

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a la institución italiana a pagar 5.000 millones por el IBI «refuerza» la postura del equipo de gobierno

Seminario de Oviedo / Foto Arzobispado de Oviedo

Luis Fernández, La Voz de Asturias, 11 de noviembre de 2018

Una nueva sentencia ha dado alas al Ayuntamiento de Oviedo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que la Comisión Europea falló al permitir la exención del impuesto sobre los bienes inmuebles lucrativos de la Iglesia Católica decretado por el Gobierno Italiano y, por ello, la institución religiosa deberá pagar 5.000 millones. La decisión «refuerza» la postura del equipo de Gobierno ovetense, que tiene la intención de «reactivar» su plan para cobrar impuestos a la Iglesia. Decenas de inmuebles podrían verse afectados.

Se trata de la segunda sentencia europea que recoge que la Iglesia debe pagar impuestos por los inmuebles que no se dediquen al culto. La otra afecta a España, ya que el tribunal dio la razón al Ayuntamiento de Getafe en el litigio que mantenía con el colegio La Inmaculada-Padres Escolapios por el pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) tras una reforma de ampliación del salón de actos en el centro. El equipo de Gobierno considera que estas dos decisiones avalan su forma de actuar y por ello tienen pensado reactivar su plan.

Rubén Rosón, concejal de Urbanismo, reconoce que el caso de Italia «nos refuerza». Según sostiene, las dos sentencias se basan en lo mismo, en que «son subvenciones encubiertas que a la postre suponen competencia desleal con otras empresas que sí pagan impuestos». El edil recuerda que la intención municipal no es cobrar exclusivamente el IBI, sino que hay otros impuestos como el de construcción y obras o el de actividades económicas en los casos en que esos inmuebles no estén destinados al culto. Lee el resto de esta entrada »


Medio centenar de cargos públicos de diez comunidades se reúnen en Zaragoza para coordinar sus acciones contra las inmatriculaciones.

noviembre 11, 2018

“Resulta evidente que las inmatriculaciones son un asunto de Estado”

El alcalde de Zaragoza,Pedro Santisteve y el presidente de Mhuel, Jorge García, / Eduardo Bayona

 

Eduardo Bayona, Público, 10 de noviembre de 2018

“Es evidente que el de las inmatriculaciones de la iglesia es un asunto de Estado”, aseguró este sábado el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), en el Encuentro de Municipios y Cargos Públicos por la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica que se celebra este fin de semana en la capital aragonesa.

La coordinadora Recuperando, una entidad de ámbito estatal que reúne a laicistas, patrimonialistas, cristianos de base y entidades de otros ámbitos, y cuyo trabajo ha sido fundamental para ir sacando a la luz la intensa actividad registral que las instituciones eclesiásticas españolas han desarrollado en las últimas décadas, en la que algunas fuentes estiman que realizó 40.000 inmatriculaciones, ha reunido a medio centenar de cargos públicos locales, autonómicos y estatales de diez comunidades (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Madrid, Navarra) para poner en común las acciones desarrolladas hasta ahora y trazar estrategias comunes para los próximos meses.

“Hemos conseguido elevar las inmatriculaciones a un asunto de Estado”, coincidió Jorge García, presidente de Mhuel (Movimiento Hacia un Estado Laico) y uno de los portavoces de Recuperando. “Es un tema exclusivamente patrimonial –recalcó-. No hay ningún ataque a ninguna confesión religiosa ni, por supuesto, se cuestiona el uso de los edificios”.

“Se trata de bienes de un valor incalculable que son un legado de los pueblos”, anotó Asunción Villaverde, también de Mhuel y Recuperando, partidaria de “retirar las inmatriculaciones” realizadas por la iglesia entre 1998 y 2015, aprovechando la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar, para “que vuelvan al dominio público los edificios catalogados y protegidos” y respetando la propiedad en aquellos casos en los que las instituciones eclesiásticas puedan demostrarla documentalmente.

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