La coordinadora Recuperando ha registrado la solicitud de una entrevista con la ministra de Justicia Dolores Delgado

26 de septiembre de 2018

Ayer, 25 de septiembre, Andrés Valentín, Antonio Manuel Rodríguez y Asun Villaverde, portavoces de la Coordinadora Recuperando han registrado una solicitud de entrevista con la Ministra de Justicia, se han reunido con los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, PSOE y Podemos, y mantenido un encuentro con la prensa.

De ello, con idéntico titular, se han hecho eco distintos medios con la firma de Marta Ostiz (EFE): así El Diario, Diario Córdoba, La Vanguardia o El Plural:

¿Por qué la Catedral de Lisboa es del Estado y la de Córdoba de la Iglesia?

Catedral de Lisboa

¿Por qué la Catedral de Lisboa es del Estado portugués y la Mezquita-Catedral de Córdoba de la Iglesia católica? Es la pregunta que se hace la Coordinadora Recuperando, que reclama el fin del “expolio” de la Iglesia y del “mayor escándalo inmobiliario” de la historia de España.

“La catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal; la de Notre Dame al Estado francés; la de Colonia al Estado alemán; y la abadía de Westminster al Reino Unido”, y lo que ocurre en España “es una anomalía” porque en el resto de Europa los bienes de extraordinario valor cultural pertenecen al dominio público, subraya el cordobés Antonio Manuel Rodríguez, miembro de la Coordinadora

En declaraciones a los medios ante el Ministerio de Justicia, donde han registrado la solicitud de una entrevista con la ministra Dolores Delgado, este portavoz ha explicado que el registro a nombre de la Iglesia de decenas de miles de bienes en España es “un escándalo” y “una verdadera cuestión de Estado”.

Rodríguez ha detallado que en 1940 el Estado portugués firmó un acuerdo con el Vaticano, por el cuál éste reconocía que los bienes de interés cultural y de extraordinario valor, como la Catedral de Lisboa, pertenecían al Estado de Portugal.

“La Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene que explicar por qué la Catedral de Coimbra pertenece al Estado de Portugal y la de Burgos, no”, ha aseverado este portavoz, que no cuestiona, no obstante, el uso destinado al culto religioso de estos bienes, “pero sí su propiedad”.

Porque -advierte- estos bienes generan una serie de ingresos que no se declaran ni tributan y ha puesto el ejemplo de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que, según ha dicho, genera unos ingresos de entre 18 y 20 millones de euros al año, “dinero que no se declara y que no tributa”.

Desde el año 1946 y al amparo de la Ley hipotecaria, la Iglesia católica en España ha podido registrar a su nombre bienes (se desconoce el número, aunque se estima que superan los 40.000) con la misma facilidad que lo realizaban las administraciones públicas.

Dicha ley fue reformada en 2015 eliminando esta posibilidad y, ahora, el Gobierno, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, ha anunciado que reclamará a la Iglesia católica los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público.

El Ministerio de Justicia estudia cómo se pueden recuperar esos bienes que -advierte- son “inembargables, imprescriptibles y no son enajenables”.

Andrés Valentín, miembro de la Coordinadora Estatal Recuperando, ha explicado que quieren trasladar a la ministra Delgado la gravedad de estos hechos, que tachan de “expolio monumental” de la Iglesia y del Estado Vaticano, “ante el que el Estado no puede quedar impasible”.

Argumenta que la Iglesia pudo haber actuado dentro de la legalidad hasta 1978, pero “dentro de la legalidad franquista”.

Representantes de la Coordinadora se han reunido hoy con diputados del PSOE, Podemos e Izquierda Unida, con los que planean presentar iniciativas parlamentarias para instar al gobierno a hacer pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia.

Para Rodríguez, hay que tener claro que los templos no son necesariamente propiedad de la Iglesia, sino sólo de quien pueda acreditar su propiedad, porque “el uso no condiciona la titularidad”, como los hospitales no son de los médicos y los colegios no son de los profesores.

Por eso, piden que se declaren nulas las inmatriculaciones de estos bienes y volver a la situación anterior “y quien quiera ser su dueño que lo registre” entregando toda la documentación que avale su propiedad.

“Es una cuestión de pura legalidad constitucional y de defensa del patrimonio público”, ha enfatizado.

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